Desde México D.F.

Ser inmigrante en Estados Unidos, cometer un crimen grave –o ser imputado– puede costar la vida. El martes por la noche, José Ernesto Medellín Rojas fue ejecutado en una prisión texana, luego de pasar 15 años encarcelado, durante los cuales agotó las instancias de apelación a su alcance. Este es el cuarto mexicano ejecutado en lo que va de este siglo; otros 51 esperan en el pabellón de la muerte. La mayor parte de ellos fueron juzgados por diversos delitos, encontrados culpables y sentenciados a muerte sin que hubieran recibido apoyo consular del gobierno mexicano, un derecho que les fue negado durante su detención y proceso, en franca violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

La ejecución de Medellín, mediante inyección letal, constituye además un abierto desacato a la ordenanza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), emitida el pasado 16 de julio, que obligaba a Estados Unidos a no matar al reo sin que hubiera una previa revisión y reconsideración de su condena. El presidente George Bush había enviado un memorando ordenando a las cortes acatar el fallo, pero fue desatendido. Como Medellín, otros 51 ciudadanos mexicanos fueron condenados a muerte a pesar de que, al momento de su detención, las autoridades no les informaron sobre su derecho a la protección consular.

Medellín fue encontrado culpable de participar en 1993 en la violación y asesinato de dos adolescentes en Houston. Originario del estado de Tamaulipas, Medellín fue detenido cuando acababa de cumplir 18 años, por lo que fue sentenciado a muerte. De nada sirvieron el fallo de la CIJ ni otra recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el mismo sentido, ni mucho menos el memorando de Bush. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determinó que no tenían el carácter de normas federales obligatorias para las cortes estaduales de ese país. Ineficaces también resultaron las cartas enviadas por representantes de 12 países latinoamericanos, de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa y de los 27 miembros de la Unión Europea solicitando clemencia para Medellín.

El gobierno mexicano emitió una nota de protesta al Departamento de Estado “por esta violación al derecho internacional, preocupado por el precedente que pueda sentar para los derechos de los connacionales que puedan ser detenidos en ese país”.

En realidad, este caso afecta a 120 ciudadanos de otros 33 países que esperan la ejecución de la pena de muerte a la que se encuentran sentenciados, 83 de ellos latinoamericanos. Del total, poco más del 44 por ciento son mexicanos. Un argentino se encuentra en revisión de su caso, y la pena de muerte en su contra se encuentra inactiva, según The Death Penalty Information Center, con sede en Washington, que registra a más de 3500 personas en el pabellón de la muerte.

Paradójicamente, la ejecución de Medellín ocurrió mientras en México se volvieron a escuchar voces derechistas en favor de aplicar aquí la pena de muerte, luego del secuestro, tortura y asesinato de un adolescente, hijo de un empresario, cometido por una banda integrada por policías del Distrito Federal. El caso también sirvió para que el presidente Felipe Calderón retome sus andanadas en contra del jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, afiliado al PRD –y desde ahora aspirante a contender por la Presidencia de la República en 2012–, por la inseguridad en la capital del país.

Pero no es el único caso, ni de lejos. Calderón omitió referirse a los más de cuatro mil muertos en lo que va de su administración. Las últimas semanas fueron particularmente violentas. Tan sólo en Sinaloa, una niña de tres años sigue hospitalizada luego de recibir una bala perdida durante un tiroteo, cuando estaba en su cuna; varias niñas fueron acribilladas al salir de una fiesta de 15 años y hubo una toma de rehenes en un centro comercial. Ayer hubo 16 ejecutados en Chihuahua.

Aparentemente, nadie está a salvo, independientemente de qué partido gobierne: por ejemplo, los secuestros y crímenes se han disparado en Guerrero (PRD), el estado de México (PRI) y Guanajuato (PAN). De diciembre de 2006 a la fecha 60 personas secuestradas han sido asesinadas por sus captores, en muchos casos a pesar de que se pagó un rescate. Para muchos, la vida no vale nada.