El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó ayer a tres oficiales retirados del Ejército y a un ex comandante de Gendarmería por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Regimiento de Infantería 9 durante la dictadura. El empresario ganadero y ex presidente de la Sociedad Rural de la provincia, capitán Juan Carlos De Marchi, apodado “El Electricista” por sus destrezas con la picana, pasará 25 años en una cárcel común como cualquier hijo de vecino. La sentencia incluyó la absolución de un suboficial del Ejército, la segunda desde la reapertura de las causas, y un espectáculo dantesco de la militante por los derechos de los genocidas Cecilia Pando, que incluyó amenazas de muerte a los jueces, a la diputada Victoria Donda y al titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.

El juicio tuvo un gran ausente: el general Cristino Nicolaides, comandante de la Brigada de Infantería VII de la que dependía el Regimiento donde se cometieron los crímenes. El ex jefe del Ejército fue condenado a 25 años de prisión en diciembre por los secuestros y desapariciones de cinco militantes montoneros que ingresaron al país en 1979. La salud le evitó una segunda condena segura. Aún goza de prisión domiciliaria en su casa del barrio Cerro de las Rosas, en Córdoba.

Los represores correntinos fueron juzgados por el homicidio de Rómulo Artieda, la desaparición forzada de Juan Ramón Vargas y una veintena de secuestros y tormentos agravados. Luego de su cautiverio en el Regimiento 9, Artieda fue asesinado y enterrado en una fosa común del cementerio de Empedrado. De allí lo exhumó el Equipo Argentino de Antropología Forense.

La pena mayor, prisión perpetua, recayó sobre el coronel Julio Rafael Manuel Barreiro. El tribunal que preside Víctor Alonso e integran Lucrecia Rojas de Bardaró y Guillermo Navarro lo consideró autor del delito de asociación ilícita, coautor de la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte de Artieda y de trece secuestros agravados por violencia, duración y aplicación de tormentos a perseguidos políticos.

De Marchi y el coronel Horacio Losito, agregado militar en Italia hasta 2003, fueron condenados a 25 años de prisión por asociación ilícita más once y diez secuestros y tormentos respectivamente. El gendarme Raúl Alfredo Reynoso, alias “El Astiz correntino” por infiltrarse en la familia de Artieda, fue condenado a 18 años de prisión como partícipe necesario en seis casos y coautor de un séptimo. Sólo resta definir si cumplirán sus penas en Marcos Paz o en Resistencia.

El absuelto de culpa y cargo es el sargento retirado Carlos Roberto Píriz. Los motivos de la absolución, que las querellas van a recurrir ante la Cámara de Casación, se conocerán el 17 de septiembre cuando el tribunal dé a conocer sus fundamentos. “La absolución demuestra que las sentencias no están escritas de antemano, que los juzgamientos no son políticos y que estamos transitando el camino de la justicia y la verdad. Píriz llegó a juicio porque había pruebas suficientes. Que un tribunal imparcial pueda valorar la prueba y resolver lo contrario forma parte de las reglas de un estado de derecho”, sintetizó el abogado Mario Bosch, querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Un día histórico

Si bien la sentencia a Menéndez & Cía. en Córdoba fue la primera del interior del país (Miguel Etchecolatz y el cura Christian von Wernich fueron condenados en La Plata, que para el interior profundo es un anexo de Buenos Aires), el primer juicio oral y público en comenzar, a principios de febrero, fue el de Corrientes.

La previa de ayer arrancó, pese al frío, con una vigilia de pibes de Barrios de Pie y agrupaciones estudiantiles en la esquina del tribunal, en La Rioja y Carlos Pellegrini. Con el correr de la mañana llegaron los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, militantes y familiares de Misiones, Chaco y Entre Ríos, funcionarios nacionales, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, y la diputada nacional Victoria Donda.

Pando correteó ante la indiferencia generalizada y desparramó panfletos con una frase que habría suscripto el ex presidente de Peugeot Argentina y actual embajador argentino en Francia, Luis Ureta Sáenz Peña, en la cual se expresaría “reconocimiento y solidaridad” a quienes “derrotaron a las organizaciones terroristas que pretendieron imponernos un régimen marxista”.

La actitud humilde de los familiares del suboficial Píriz contrastó con la arrogancia y la pilcha de los críos de los oficiales. “Entran con chalecos antibalas los héroes de Malvinas”, arengó un hijo de Losito cuando ingresaron a la sala. Un segundo después de que el juez Alonso, con la cruz sobre su cabeza, terminara de leer la sentencia, Pando se paró sobre una silla y empezó a gritar desaforada. “Ustedes van a pagar por lo que están haciendo. Juzguen al terrorismo, no sean cobardes”, les gritó a los jueces mientras se retiraban de la sala.

A diferencia de Córdoba, donde los familiares de los imputados le exigieron no hacer papelones y acató sin chistar, en Corrientes nadie intentó contenerla. En línea con el alegato del condenado Menéndez y sin disimular sus desequilibrios, Pando reiteró varias veces el típico gesto de degüello mientras gritaba “¡Asesinos! ¡Terroristas! ¡Falsificadores!” a sobrevivientes y familiares que se abrazaban. “¡Te voy a matar con mis propias manos!”, amenazó al secretario Duhalde. “¡Son jueces parciales! ¡Se les ha pagado a todos!”, agregó una cuarentona indignada. A la hora de insultar también sobresalieron la esposa y un hijo de Losito, educado “en la moral cristiana” según el coronel. “Les ponemos los micrófonos y somos sujetos de agresiones. Todos los medios recibimos patadas y cachetazos”, relató en vivo un corresponsal de televisión. La respuesta de quienes supieron esperar justicia durante treinta años no se hizo esperar:

–¡¿Rómulo Artieda?!

–¡Presente!

–¡¿Juan Vargas?!

–¡Presente!

Alguien aconsejó “un psiquiatra” para Pando y un coro de voces comenzó a celebrar. “Como a los nazis, les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar.” Las amenazas siguieron fuera de la sala. “¡Nos la vas a pagar!”, le gritó el hijo de De Marchi al fiscal Oscar Resoagli, que intervino en la primera etapa de la causa. En la calle, medio millar de personas que escucharon la sentencia en vivo seguían celebrando.