Desde Santa Cruz

El clima político no deja de enrarecerse en este país cuando faltan tres días para el referéndum revocatorio. Allí se definirá la suerte del presidente Evo Morales y ocho prefectos, seis opositores a su gobierno. Ayer, Día de la Independencia, el presidente hizo un informe de gestión desde el balcón del Palacio Quemado, ante miles de oyentes en la plaza Murillo. Por primera vez en 26 años de democracia un mandatario no pasa la fecha en Sucre, capital de la república, cuya entrada Evo tiene prohibida por el comité cívico y la prefectura de Chuquisaca. Como el martes en Tarija, ayer Morales no pudo presentarse en Beni porque los cívicos intentaron tomar el aeropuerto de su capital, Trinidad. La noche anterior, en esta ciudad habían baleado el auto del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Así había terminado ese día en que dos mineros fueron asesinados en el bloqueo de la carretera Oruro-La Paz. En su mensaje, Evo no tocó este tema y sólo resaltó los logros económicos de dos años y medio de presidencia.

No se olvidó de sus adversarios, los “queridos prefectos” de la Media Luna (Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca), quienes “se someten al imperio, pero no quieren someterse al pueblo”.

Desde el balcón, Morales dijo que “algunos antipatrias, egoístas, tratarán de frenar este proceso de cambio. Quiero decirles que la democracia se profundiza, avanza”. Y les recordó que “decían referéndum, ahora no quieren. No atenten contra el voto del pueblo, nos someteremos al pueblo, que nos juzgue”.

Según encuestas, el domingo al aymara lo ratificará el 59 por ciento del electorado, cinco puntos más que en las elecciones de 2005. De los prefectos, el cochabambino Manfred Reyes Villa, el paceño José Luis Paredes y el padino Leopoldo Fernández tienen serias posibilidades de irse. Están en duda los prefectos del Movimiento Al Socialismo (MAS), los oficialistas Alberto Aguilar (Oruro) y Mario Virreira (Potosí). Los únicos seguros son el cruceño Rubén Costas –con 74 por ciento de Sí–, el beniano Ernesto Suárez y el tarijeño Mario Cossío.

Lo de seguros es una forma de decir, porque la Fiscalía General de la Nación pidió ayer permiso al Congreso para iniciar un juicio de responsabilidades contra Cossío y su tío, el ex prefecto Adel Cortez, por los delitos de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. El “gobierno autónomo” habría comprado en forma irregular unos generadores eléctricos por U$S 1.362.280,50 que nunca funcionaron.

Otro investigado es Paredes, su esposa y su hijo, que a través de una supuesta Fundación Unión y Solidaridad llevaron a un banco de España U$S 1.735.550,65. También Costas está procesado por la organización del referéndum por el estatuto autonómico del 4 de mayo, que costó al Estado 11.200.000 bolivianos (1 U$S=7 bs).

Siguiendo el ejemplo del prefecto de Beni, ayer el cruceño se sumó a las huelgas de hambre para que el gobierno devuelva a los departamentos el 30 por ciento que les quitó del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Con ese dinero, Morales creó la Renta Dignidad, un bono de 200 bs mensuales para los ancianos.

Costas habló del conflicto en Oruro que dejó dos muertos, Hernán Montero y Miguel Alegre: “Son las acciones de un dictador disfrazado de demócrata que lo único que hace es alentar el enfrentamiento entre bolivianos. Me siento frustrado, apenado y dolido por la muerte de esos mineros a manos de la policía, que obedece al presidente”.

El día de las muertes terminó con amenazas al ministro de la Presidencia, cuyo vehículo recibió dos disparos en los vidrios. En ese momento, Quintana estaba reunido con militares para coordinar la presencia de Evo ayer a Trinidad, que no fue posible porque cien integrantes del Comité Cívico de Beni quisieron tomar el aeropuerto.

Para el ministro, “esas fuerzas que estaban acostumbradas a operar en ausencia del Estado y a usurpar el poder popular hoy se ven prácticamente asediadas por una conciencia ciudadana que ha decidido rechazar la gestión del prefecto (Suárez). Esta es la reacción que se ha manifestado en Trinidad con este atentado criminal”.

Desde su lecho de ayuno, Suárez dijo que el gobierno “se autoatenta, quiere hacer una cortina de humo para tapar sus asesinatos de Oruro”.

Aguilar, prefecto de Oruro, advirtió ayer que “fuerzas ocultas del modelo neoliberal conservador intentan frenar este referéndum a través de comités cívicos y la mal llamada Media Luna. Pero este proceso democrático es imparable y se acerca el momento de la aprobación de la nueva Constitución”, texto aborrecido por la oposición al MAS.

En su informe de gestión, el presidente evaluó que “Bolivia va por buen camino”, ya que la nación tiene U$S 7500 millones de reservas internacionales. “Ahora somos un país viable, confiable, que tiene mucho y tiene esperanza”, dijo. Remarcó que el país crece a un inédito 6,1 por ciento anual y que durante su dos años de mandato entregó a las prefecturas U$S 33.000 millones, mientras en los 12 años anteriores sólo habían recibido U$S 30.000 millones.