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Irak se anotó ayer un poroto en su guerra diplomática con Estados Unidos. El jefe de inspectores de la ONU, Hans Blix, llegó ayer a un acuerdo con las autoridades iraquíes para que una avanzada de inspecciones llegue en dos semanas a Bagdad y tenga acceso a “todas las instalaciones” donde pueda haber armas de destrucción masiva. Este anuncio retrasa las intenciones de guerra de la Casa Blanca y satisface a los países que, fuera de Gran Bretaña, tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad: Francia, China y Rusia. Ahora será más difícil aún para Estados Unidos lograr que el Consejo de Seguridad adopte una nueva resolución, “más enérgica”, como declaró ayer el presidente George Bush, para ir automáticamente a la guerra en caso de que Saddam Hussein incumpla algo del acuerdo. Por eso, un funcionario del Departamento de Estado norteamericano resumió así la posición de su país: “Estamos tratando de impedir el retorno de los inspectores”.
Los movimientos de Estados Unidos dentro de la ONU se están complicando cada vez más. Irak lo sabe y actúa sobre eso. La Casa Blanca quiere a toda costa una resolución lo más enérgica posible, o sea, que autorice el uso de la fuerza militar sobre Irak casi suponiendo que Saddam no va a permitir, realmente, que se realicen las inspecciones. Gran Bretaña es la encargada de negociar esta posición de máxima con el resto de los países. “El acuerdo no es una alternativa a la nueva resolución más firme del Consejo de Seguridad –declaró en este sentido el canciller británico Jack Straw–. Me congratulo por el trabajo de Hans Blix y de sus colegas y espero impaciente el informe que presentará ante el Consejo de Seguridad. Pero eso no basta”, sentenció. Rusia y China creen que no hace falta ninguna resolución más que lo que acuerden los inspectores con los iraquíes y Francia estima que, si Saddam no coopera, recién debería pensarse en una segunda resolución que autorice el uso de la fuerza militar. En este sentido, el portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, calificó de “exagerada” la interpretación dada a afirmaciones recientes de ciertos miembros del gobierno, entre ellos el secretario de Estado Colin Powell, de que Estados Unidos estaría dispuesto a aceptar dos resoluciones distintas.
En todo caso, con el acuerdo alcanzado por los inspectores y los iraquíes, toda la cuestión de las resoluciones queda cajoneada. “Creo que los inspectores no deben ir hasta que el Consejo de Seguridad les dé las autorizaciones e instrucciones que necesitan”, dijo ayer el vocero del Departamento de Estado norteamericano, Richard Boucher. Estados Unidos quiere retrasar la ida de los inspectores para acelerar la nueva resolución; Irak quiere apurar la llegada de los inspectores para que tal resolución no exista. En esta disputa, hay versiones de que el Departamento de Estado, en otro enfrentamiento con el Pentágono, estaría aceptando el viaje de los inspectores como una forma de negociar los tantos en la ONU.
Del anuncio de Blix sobre la disposición de Irak para todas las inspecciones surge un agujero por donde se pueden colar las exigencias anglonorteamericanas: los numerosos palacios presidenciales. Como ya ocurriera con las periódicas crisis de las inspecciones (la última, en 1998), los palacios presidenciales son “lugares sensibles” a los que Saddam en general no permite el acceso, y el acuerdo excluye el tema y le pasa la pelota al Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos y Gran Bretaña pueden volver a argumentar que la voluntad de cooperación de Saddam no es total y exigir otras resoluciones, para que toda la ronda diplomática vuelva a comenzar.
Como toda renovación de la ronda es un punto para Irak, Bush salió a plantarse. “Quiero una resolución enérgica para no recaer en las mismas trampas que en estos últimos once años (desde la Guerra del Golfo)”, le dijo a la ONU. Y al Congreso de su país le advirtió: “No quiero una resolución que me ate las manos, una resolución más débil que la aprobada por el Congreso en 1998”, que llamaba al eventual derrocamiento deHussein. Bush se refería a una resolución bipartidista impulsada por los senadores Joseph Biden (demócrata) y Richard Lugar (republicano) que establece condiciones para el uso de la fuerza contra Irak y lograr su desarme.
Según cálculos de la Oficina del Presupuesto del Congreso (CBO), una posible guerra en Irak acarrearía un costo de al menos 9.000 millones de dólares al mes, dependiendo del número de tropas por tierra y del volumen de los ataques aéreos. Por eso fue elocuente la declaración del portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer. Llamando a los iraquíes a matar a Saddam Hussein, dijo que “el costo de una bala, si el pueblo iraquí lo asume, es sustancialmente menor al de enviar las tropas allí. Queremos un cambio de régimen en Irak, cueste lo que cueste”. Claro que el diario Washington Times publicó ayer que algunas cepas para desarrollar las armas bacteriológicas que tendría Saddam fueron aportadas por Estados Unidos durante la guerra Irán-Irak (1980-1988).