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Al menos uno de los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia acompañará esta tarde los deseos del justicialismo de alcanzar el quórum necesario para que haya sesión y también los del ARI, de reunir los dos tercios requeridos para acusar. Para Enrique Petracchi, quien la semana pasada terminó de demostrar que no cobró la transferencia de 580.000 dólares realizada a su nombre a través de una cuenta del Federal Bank en el Citibank de Nueva York, ningún resultado sería peor que el rechazo en bloque del juicio político. El único cargo grave formulado en su contra era haber cobrado por autorizar el aumento de las tarifas telefónicas. La inocencia de Petracchi fue establecida en la última comunicación del Banco Santander Central Hispano al juez federal Jorge Urso y ratificada hace cinco días al declarar como testigo por la experta del Banco Central en lavado de dinero, contadora Alicia Beatriz López. El caso, que se extendió a lo largo de un año y medio, reclama una reflexión sobre la crisis política y los medios de comunicación. Muchos periodistas dieron por buenas las acusaciones, cuya congruencia no analizaron, se basaron en fuentes poco recomendables y rehusaron espacio a las aclaraciones y desmentidas de Petracchi, cuyos votos en con contra de las pretensiones de las compañías telefónicas no cotejaron con las denuncias. En el clima de desprestigio de todo servicio público y linchamiento de la clase política y la Justicia, quien procediera de otro modo arriesgaba convertirse a su vez en sospechoso. Ceder a esa presión implica una involuntaria complacencia con la demolición de las instituciones y la reimplantación de formas autoritarias de gobierno. Además, la caracterización de Petracchi como el corrupto de la Corte fue muy funcional para proteger al cardumen menemista, que sí votó por los aumentos. Diego Nazareno era uno de los abogados de la Secretaría de Comunicaciones, que dispuso los aumentos. El ex Defensor del Pueblo de la Nación, Jorge Maiorano, invocó ese parentesco para solicitar que su padre, el presidente de la Corte, Julio Nazareno, se excusara. El ex socio de Carlos y Eduardo Menem se negó y su voto desempató la controversia.
Transferencia devuelta
El representante del Banco Santander Central Hispano en la Argentina, Javier López Teijeiro había informado el 27 de junio de este año al juez Urso que la transferencia “fue devuelta al banco remitente al resultar imposible la aplicación de los fondos de acuerdo con la información facilitada”. El 7 de agosto, Urso pidió aclaraciones, que el banquero contestó el 11 de setiembre. Dijo que al verificar “la integridad y exactitud de la información facilitada para proceder a la ejecución de la orden de abono”, la sucursal del banco en Nueva York “comprobó que la información correspondiente al beneficiario no era correcta, dado que Enrique Petracchi no constaba como cliente” y, en consecuencia “resultaba imposible aplicar los fondos de la transferencia a su favor”. Agregó que la sucursal Nueva York “sólo admite como clientes a personas jurídicas y nunca a personas físicas, por lo que resultaba claro que Enrique Petracchi no podía ser beneficiario de una cuenta con ella”. A raíz de ello el banco español “procedió a devolver al banco remitente la orden de transferencia de los fondos”. Según López Teijeiro la sucursal Nueva York del Banco Santander Central Hispano devolvió la transferencia al Citibank y le solicitó “que le facilite el nombre, ciudad y país del banco en el cual el destinatario de la transferencia mantiene cuenta”. El Citibank “nunca proporcionó tal información”. El viernes pasado, Urso tomó declaración testimonial a la contadora López, integrante de la Unidad de Investigaciones Financieras y una de las mayores expertas del país en lavado de dinero. “La transferencia en sí fue reversada, habida cuenta que el Banco Santander la devuelve”, dijo.
La acusación
La acusación fue formulada en marzo de 2001 por el contador Luis Balaguer, un dirigente justicialista mendocino de segunda línea, que militó con José Octavio Bordón y con el actual Procurador General de la Nación Nicolás Becerra, pero luego rompió con ellos. El 26 de marzo de 1992, mientras era ñoqui de Becerra en el Congreso, Balaguer fue identificado como uno de los diputruchos sentados en las bancas de la Cámara de Diputados cuando debía votarse la privatización del gas.
Balaguer, que era asesor del diputado Gustavo Gutiérrez en la investigación parlamentaria por el lavado de dinero, encontró la transferencia entre los documentos que el Citibank entregó al senador estadounidense Carl Levin y sostuvo que Petracchi la había cobrado y que el pago correspondía a una coima. En declaraciones al diario español “El Mundo” Balaguer identificó como el pagador a Telefónica, pero al prestar declaración testimonial en la Argentina señaló en cambio a Telecom. La inconsistencia de la acusación también surgía del análisis de los casos en que se discutió el rebalanceo telefónico dispuesto por el decreto 92/97. La mayoría automática (Julio Nazareno, Eduardo Moliné, Adolfo Vázquez, Guillermo López y Antonio Boggiano) dejó firme el aumento tarifario. En cambio Petracchi, Carlos Fayt, Augusto Belluscio y Gustavo Bossert mantuvieron abierto el camino a su impugnación en un juicio ordinario y no en un amparo, que es una medida de excepción para impedir daños irreparables. Petracchi también rechazó la solicitud de Telefónica de que se acumularan en el mismo expediente otros 64 pleitos similares de distintos tribunales del país, que le eran desfavorables. En otra causa por el mismo decreto 92/97, un proyecto de los jueces López, Belluscio y Boggiano propuso confirmar un fallo que obligaba a las compañías del interior a seguir pagando por el uso de la red de Telefónica y Telecom pese a que estaban en condiciones de transmitir por vía satelital a menor costo. Petracchi, por el contrario, firmó un proyecto que revocaba aquella sentencia y también en este caso obligaba a Telefónica a iniciar un juicio ordinario. Belluscio cambió su voto y adhirió al de Petracchi. A los pocos días denunció que un emisario del ex ministro y asesor de Telefónica, Roberto Dromi, le reprochó el cambio de posición. Es decir, Telefónica no apoyaba el voto de Petracchi. Luego de que un nuevo decreto presidencial zanjara el litigio al gusto de todas las empresas involucradas, Telefónica y el Estado Nacional pidieron el archivo de la causa y la Corte lo dispuso. Petracchi fue el único de los nueve miembros de la Corte que, pese a ello, insistió en revocar el fallo de Cámara favorable a Telefónica, que en el futuro podría generar derechos en su favor. Balaguer también denunció que Petracchi votó en la Corte Suprema para que la causa por el vaciamiento del Banco de Mendoza pasara a la justicia federal de la Capital, donde el ex juez Gustavo Literas revocó la orden de captura contra el entonces prófugo escribano Raúl Juan Pedro Moneta. La falsedad de este otro cargo también es comprobable: en el expediente consta que Petracchi se abstuvo de votar.