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Francia volvió a saborear ayer su vieja costumbre: las huelgas y las manifestaciones. El gobierno conservador de Jean Pierre Raffarin enfrentó el jueves el primer movimiento social de envergadura desde que la derecha asumió el poder el pasado mes de junio. No menos de 60.000 personas desfilaron por las calles de París bajo un mismo lema: la defensa de los servicios públicos. El jefe de gobierno francés decidió privatizar parcialmente una serie de empresas que representan el símbolo de lo que se llama “el servicio público a la francesa”. Además de la compañía Aérea Air France, Jean Pierre Raffarin decidió “abrir” el capital de la compañía de suministros de electricidad y gas EFG-GDF y fueron mayoritariamente los empleados de esas dos empresas quienes movilizaron mucho más allá de lo que el gobierno esperaba.
Vestidos con todos los trajes imaginables representando distintos episodios de la “legitimidad francesa”, por ejemplo Asterix, los manifestantes se limitaron a poner en tela de juicio la intención gubernamental de entregar un sector de las empresas públicas al ámbito privado. “Esta manifestación es una advertencia, una advertencia dada por los empleados para preservar sus estatutos, sus salarios, sus jubilaciones. Es una advertencia dirigida al gobierno”, dijo la ex ministra y secretaria nacional del Partido Comunista, Marie-George Buffet. Todos tenían presente el gran movimiento social que paralizó Francia en noviembre y diciembre de 1995. En aquel entonces, una batería de medidas sobre la reforma del sistema de protección social, las jubilaciones y el estatuto de los trenes desencadenó una de las huelgas más prolongadas y radicales del siglo. Marc Blondel, legendario sindicalista de Fuerza Obrera que había encabezado las múltiples manifestaciones del ‘95, afirmó que “cuando la expresión está en la calle, el gobierno tiene que sacar las consecuencias”. Hoy, el gabinete gubernamental hace todo lo posible por apartar ese espectro. No sin humor, el ministro de Asuntos Sociales François Fillon declaró que “nadie se baña dos veces en el mismo río”.
Pero los sindicatos del sector público están convencidos de que la derecha sólo conoce un río y que esas aguas conducen directamente a la liquidación de los servicios públicos y, sobre todo, a la pérdida de los derechos adquiridos. El mundo sindical no cree en las palabras tranquilizadoras de la derecha y se prepara a librar una larga batalla con un gobierno que ya anunció que no cometerá los errores del pasado. Líderes sindicales como Marc Blondel se preguntan por qué es necesario privatizar la compañía de suministros eléctricos “si, en su estado actual, la empresa es capaz de brindar electricidad”. El conflicto por la defensa de los servicios públicos se gestó de golpe, en un clima apacible. La amplitud de la movilización y de la huelga que la acompañó –80 por ciento del personal de Electricidad y Gas de Francia– sorprendió al gobierno y los observadores, tanto más cuanto que los desfiles, aunque festivos, mostraron un carácter ampliamente corporatista y no político. Los representantes de la izquierda, PS y PC, eran minoritarios, por no decir inexistentes. Raffarin enfrentará dentro de un mes y medio nuevas jornadas de protesta lanzadas ahora por el personal de los otros grandes grupos franceses que figuran en la lista de “privatizables”, es decir, el correo o la empresa de ferrocarriles, SNCF. En el medio (17 de octubre), el primer ministro tiene citas callejeras con la Educación Nacional y la Defensa, cuyo personal constituye dos terceras partes de los empleados públicos.
Los contraejemplos desastrosos dados por la privatización de empresas en el mundo han reforzado la conciencia de la necesidad de “conservar elparaguas del Estado. De lo contrario, lo que nos espera es un destino como el de la Argentina”, decía a Página/12 un miembro del sindicato CFDT. Otro, éste de la CGT, comentaba “el problema de las privatizaciones radica en que, casi sin que se den cuenta, los empleados de las empresas privatizadas abandonan el estatuto ofrecido por el Estado a cambio de una incierta convención colectiva de derecho privado”.