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Ayer se sumaron las distribuidoras eléctricas a la amenaza de un inminente “deterioro de la calidad de servicio” –cortes de suministro y otras complicaciones para los clientes– si no se define urgentemente un aumento de tarifas. Pero la crisis estalló anticipadamente por otro lado: por problemas de ingresos, son miles los usuarios que dejan de pagar las facturas de los servicios básicos. La experiencia del municipio de Morón resulta reveladora de los alcances de la crisis: puso en vigencia un mecanismo de subsidio de 4 a 8 pesos en la factura bimestral de Aguas Argentinas y sólo recibió pedidos de incorporación al sistema de mil clientes. “Es inexplicable la falta de interés, salvo que estemos ante un cuadro muy severo de falta de ingresos, casos en los que bajándole 8 pesos a una factura de 30 pesos no se les resuelve nada”, comentó a Página/12 la responsable de Relaciones con la Comunidad de la Municipalidad, Raquel Lopo Tejo.
Hace 48 horas fueron las distribuidoras y transportistas de gas las que se quejaron por el prolongado congelamiento de tarifas. Ayer fue el turno de las distribuidoras eléctricas, que a través de un comunicado de la entidad que las agrupa “advierte a la sociedad que tamaña dilación llevará inexorablemente al deterioro en la calidad del servicio a breve plazo”. La entidad puntualiza que “con las tarifas en los niveles actuales no es posible atender las inversiones necesarias para asegurar el suministro a los nuevos clientes, con lo que ocurrirán demoras en las habilitaciones de estos usuarios”. Agrega que “la falta de ingresos suficientes obliga a reducir costos, inclusive los de mantenimiento, con lo cual a mediano plazo la calidad del servicio se deteriorará significativamente; habrá más interrupciones y mayor demora en la reposición del servicio”.
Gasíferas y eléctricas se ponen en guardia ante la inminente crisis del servicio, salvo que prosperen algunas alternativas que tratan de implementar desde el Ministerio de Economía para darle curso al ajuste. Por otra parte, tratando de evitar que la crisis les explote en las manos, los municipios buscan implementar mecanismos de contención. Por un acuerdo entre el gobierno bonaerense, el ente de control de aguas y servicios sanitarios (Etoss) y las municipalidades del Conurbano se instrumentó un plan de beneficios para usuarios de agua que debía alcanzar a las familias más humildes.
La designación de los beneficiarios corre por cuenta de las municipalidades. Morón puso en marcha el sistema hace aproximadamente dos meses y pese a que las necesidades no son pocas y las posibilidades de acceso amplias, apenas mil clientes se anotaron para beneficiarse con un descuento en la tarifa de 4 a 8 pesos. Los únicos requerimientos son demostrar ingresos inferiores a 700 pesos por mes, ser el responsable de pagar la factura por habitar la propiedad en la que se presta el servicio y presentar una fotocopia, de frente y revés, de la factura de Aguas Argentinas. Según describió la funcionaria consultada, sobre 100 mil hogares en el distrito, unos 70 mil cuentan con instalaciones de agua corriente y cloacas. “Los más pobres no tienen agua corriente y a muchos otros que tienen el servicio y no pueden pagarlo, este descuento no les resuelve el problema”, señaló la directora de Relaciones con la Comunidad.
José Rigane, titular de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (Fetera-CTA), el principal impulsor de la tarifa social desde hace más de un lustro, señaló lo que a su criterio son las principales falencias del sistema implementado en los municipios, que podrían explicar su fracaso. “Este mecanismo está muy lejos de la propuesta que nosotros planteamos para los usuarios de luz, que no es un subsidio sino la reducción en el precio del servicio: el prestador se hace cargo de un descuento del 40 por ciento y la Municipalidad y la provincia, a su vez, renuncian a cobrar determinados gravámenes”, señaló el dirigente gremial. “Así se llega a una reducción a la mitad de la tarifa para los hogares necesitados, que son beneficiados por una selección que hace unconsejo distrital que forman concejales, organizaciones sociales y de usuarios y representantes de las empresas”, describió. En los próximos días, la Fetera junto con otras organizaciones provinciales reclamará ante el gobierno nacional que la exención del IVA forme parte de los beneficios para los usuarios con tarifa social.
La Fetera tampoco acuerda con la propuesta del Ministerio de Economía de eximir del aumento a los usuarios de menor consumo en gas y electricidad. “Eso no es tarifa social, es bastardear una propuesta que atiende una necesidad de la capa de la población más castigada y la reemplaza por un mecanismo en el que las distribuidoras no ponen nada”, respondió Rigane, quien además recordó que “en las villas miseria del Gran Buenos Aires, para que no les corten la electricidad terminó asumiendo el Estado la obligación de pagar el servicio”. Destacó que mientras la mayoría de las distribuidoras eléctricas se resisten a acordar una tarifa social en los distritos que atienden, “muchas cooperativas eléctricas, con gran esfuerzo, poco a poco la van incorporando”.
Con amenaza de las prestadoras o sin ella, incluso acordando un moderado aumento, los servicios públicos van en camino de un seguro deterioro. Las obras de expansión han sido definitivamente archivadas en todos los rubros y las de mantenimiento se han reducido al mínimo indispensable. El otro interrogante es qué parte de la población quedará excluida de las prestaciones. La lucha por la tarifa social promete pasar al primer plano, el mismo que hoy ocupa la de los aumentos.