Desde Santa Cruz

Con los dientes apretados, el gobierno nacional y el Consejo Nacional Democrático (Conalde) siguieron anoche con el diálogo que debería conducir a una “gran reconciliación nacional”, según Mario Cossío, prefecto que representa al grupo de opositores en el Palacio Quemado. Disgustados por el estado de sitio en Pando, los cívicos y autoridades de la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca) aprovechan cada espacio en los medios para acusar al gobierno por la masacre de al menos 30 campesinos en el departamento amazónico. Como si se hubieran puesto de acuerdo, justifican la matanza con la misma frase: “El gobierno les dio armas” a los asesinados. La Media Luna sintió la militarización de Pando como un ataque personal, por lo que había puesto la continuidad del diálogo en veremos hasta ayer, cuando confirmó presencia. Antes de empezar, el delegado tarijeño tuvo que escuchar las declaraciones del vicepresidente, Alvaro García Linera, a “la opinión pública, que tiene que saber que el gobierno no va negociar los muertos, el gobierno no va negociar la responsabilidad penal y criminal de los masacradores, de los asesinos”.

“Vengo con la esperanza y el deseo de que podamos construir acuerdos y un pacto nacional que devuelva la tranquilidad, la certidumbre y la paz. En un momento tan difícil para el país hay señales de voluntad de diálogo, de dar este paso más de levantamiento de los bloqueos”, dijo Cossío al llegar a la reunión. Ayer en la tarde, la dirigencia de la Media Luna decidió levantar los cincuenta puntos de bloqueo de sus departamentos. Al instante 40 camiones de Argentina que habían quedado dos semanas en Yacuiba, Tarija, pudieron volver a Salvador Mazza, Salta. El temor al desabastecimiento de combustibles y alimentos desapareció. Cuando hizo el anuncio, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, aclaró que los edificios públicos tomados, saqueados y en algunos casos incendiados por esta agrupación no se devolverán “porque ya fueron pasados a manos de Santa Cruz”.

Cuando el líder cívico terminó su discurso, los autonomistas fueron como buenos cristianos a la iglesia de la plaza 24 de Septiembre para rezar por los asesinados de Pando y pedir el fin de la violencia. Sonia Brito, presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Paz, no sabía si reír o llorar: “¿La Media Luna llama a la paz, cuando durante los últimos días se dedicó al ejercicio de la violencia? Dicen que las organizaciones de derechos humanos hagan un llamado a la paz. Por supuesto que lo hacemos, pero con justicia e investigación para los culpables de esta masacre”.

Para Brito, la repentina bandera blanca del Conalde obedece a que “es un momento de reacción en cadena de las organizaciones populares, que habían estado silenciosas. Hay una indignación contenida muy grande. Se asesina a la gente por ser colla, por venir de Occidente. En la asamblea creemos que fue adecuado dictar el estado de sitio. Incluso se tendría que haber decretado antes. Tenemos información de que hay civiles armados en otras partes del país, por lo que una matanza de este tipo puede repetirse si el Estado no actúa”. La APDH será una de las organizaciones que ingresarán a los municipios de Filadelfia y El Porvenir para investigar la masacre.

En la reunión de anoche no participó el presidente Evo Morales, al menos no en el inicio. Según Linera, su presencia estaba condicionada a la firma de “un primer documento” donde se acuerde la sanción a los culpables por la violencia reinante en la Media Luna. “No se negocian los actos delincuenciales. Aquellas personas que están atentando contra los servicios energéticos del país tendrán su sanción. Los asesinos, los masacradores, serán perseguidos, enjuiciados y encarcelados. Eso no está en debate”, dijo Linera.

Y se refirió al prefecto de Pando, que según el gobierno está en Brasil: “El señor Fernández es responsable de la muerte de más de dos decenas de bolivianos y tiene que asumir su responsabilidad ante la Justicia. Los asesinos no son interlocutores válidos para el gobierno. El gobierno nacional no va a escatimar esfuerzo para llevar a ese señor a los estrados de la Justicia y a la sanción implacable porque las muertes no se negocian, no se transan”. El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, dijo ayer que a Fernández le podrían tocar 30 años de cárcel por genocidio.

Anoche Linera y Cossío seguían el diálogo sin la entrada de Morales. El tarijeño sugirió de nuevo una idea del Conalde: “El diálogo podría contar con el acompañamiento de organismos nacionales o internacionales de manera que garantice que no se paralice y asegure que los acuerdos sean respetados”. Sobre los grandes temas que –según la Media Luna– detonaron este conflicto, como la nueva Constitución y la restitución del porcentaje quitado del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el gobierno mostró una “amplia” voluntad de negociación.

En Cochabamba, en el marco del programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”, el presidente Morales habló a los campesinos: “Siempre hemos gritado ‘patria o muerte, venceremos’. Si no podemos vencer hay que morir por la patria y por el pueblo boliviano. Nuestra lucha por llegar al gobierno no ha sido gratis. Tampoco ha sido esfuerzo de Evo Morales, sino el esfuerzo de todos nosotros. Esa lucha no puede ser en vano. Esta revolución democrática y cultural hay que terminarla. ¡Patria o muerte, venceremos!”