Desde Santa Cruz

“¿Saben compañeros? Aprobada de aquí a tres, máximo cuatro meses, esta nueva Constitución Política del Estado, ¿qué viene? Vienen de manera inmediata las elecciones nacionales. Garantizaremos ese proceso eleccionario, yo calculo y lo digo de frente, no tengo ningún miedo, que sería en junio, para que haya nuevo presidente en agosto y nuevos parlamentarios.” Así explicó sus planes el presidente de Bolivia, Evo Morales, a miles de campesinos en Cochabamba. El texto que “refundará” Bolivia requiere actualizar el personal en varias oficinas del Estado. El Congreso, por ejemplo, deberá mutar en la Asamblea Plurinacional, donde estarían representados los 36 pueblos indígenas. “Este proceso de cambio es imparable. Si no me equivoco, en las elecciones generales (de 2009) arrasamos con amplia mayoría. A eso también tienen miedo”, dijo Morales sobre los prefectos opositores.

Con ellos se reunió ayer para concluir –aunque no concluyeron– las negociaciones que permitirían refrendar la nueva Constitución, aprobada en Oruro el año pasado. En la ciudad de Cochabamba se encontró con los prefectos de Beni, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, que conforman el Consejo Nacional Democrático (Conalde). También estaban los prefectos oficialistas de Oruro, Potosí, La Paz y Cochabamba. El diálogo con el Conalde se reanudó en septiembre, luego de cumplir en sus departamentos un carnaval de saqueos a edificios del Estado nacional. En Pando incluyó la masacre de al menos 19 campesinos, acribillados supuestamente por empleados de esa prefectura. Por eso está preso –entre otros– Leopoldo Fernández, prefecto pandino y miembro del Conalde.

La última semana, los ministerios Público y de Gobierno comenzaron a detener a varios cívicos vinculados con tomas de instituciones y atentados a plantas gasíferas. Por ello el Conalde decidió suspender el diálogo. Exigen el fin de la “cacería” de “actores sociales”, que –dicen ellos– dirige Morales. Hoy tendrán respuesta. “Lamentablemente, con la paciencia que tenemos, me veo obligado a negociar con genocidas, terroristas y sediciosos”, dijo el presidente a sus bases el sábado.

“Esta mañana vi compañeras llorando, se quejaban de que me ofendían los de la derecha. No hay por qué llorar, si me están ofendiendo cada día y cada noche mediante la prensa, no importa. Yo estaría molesto si un día Unitel hablara bien de mí. Que sigan hablando mal, los únicos que pierden son ellos”, dijo Morales. Unitel, un canal privado, es propiedad del latifundista cruceño Oswaldo Monasterios, ex diputado y ex senador del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

Ayer, Morales entregó al Conalde dos documentos hechos por el gobierno, que incluirían las demandas de ambos bandos expresadas en las mesas de trabajo sobre Nueva Constitución-Autonomías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Con o sin firma de los opositores, el ejecutivo remitirá esos esbozos de consensos al Congreso, que debería legislar la convocatoria a referéndum para la nueva Carta Magna. Si no lo hace, las organizaciones indígenas y campesinas lo exigirán con una marcha desde Oruro hasta el Congreso, en La Paz.

Por las detenciones, el Conalde acusa al gobierno de haber roto el acuerdo firmado el 16 de septiembre que establece las condiciones del diálogo. Según el prefecto de Tarija, Mario Cossío, el presidente “dice que estos atentados, ocupaciones de instituciones públicas y muertes son innegociables. Nosotros también creemos que la ley es innegociable, pero queda muy claro que este gobierno sólo aplica la ley a sus adversarios y no aplica a la universalidad de los actores que incurrieron en similares y peores actuaciones que debieran ser enjuiciadas y condenadas”.

Por la masacre desarrollada entre el 11 y el 14 de septiembre en los municipios pandinos de Porvenir y Filadelfia, se cuentan 18 muertos y 24 desaparecidos. “Tenemos información fidedigna de que existe un número considerable de más muertos que no han sido ubicados. Hemos pedido a Unasur un instrumento especial para poder ubicar cadáveres”, dijo el representante en Bolivia del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidad, Bergard Bye.

“Hemos tenido acceso a testigos muy importantes, pero hay un problema profundo, ya que no existe la confianza de los testigos de dar su testimonio con su nombre”, contó Bye. Muchos campesinos pandinos temen por las represalias que vendrían de los partidarios de Fernández cuando concluya el estado de Sitio, en enero de 2009.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) recomendó al gobierno diseñar un programa para contrarrestar los discursos racistas que campean en la mayoría de las ciudades bolivianas. Circulan sobre todo en los medios de comunicación y en las escuelas. No obstante, una encuesta elaborada por la Fundación Unir señala que el 67 por ciento de los bolivianos se consideran indígenas. En 2006, era el 64 por ciento.