Tres indígenas colombianos murieron y más de cien resultaron heridos en una de las mayores protestas de los últimos años. “Todos vamos a la carretera para que nos suiciden si el gobierno no nos atiende”, dijo con la voz casi quebrada Berito Cobaría, uno de los ancianos líderes de la etnia uwa. Los choques entre los más de ocho mil manifestantes y la policía comenzaron el martes y continuaron durante la madrugada y la mañana de ayer. Con el lema “Que el estado de conmoción interior no apague la voz de los Pueblos Indígenas y el grito de la Madre Tierra”, más de cuatro mil indígenas y campesinos intentaban sumarse al epicentro de las protestas, en la ruta Panamericana a la altura del municipio de Piendamó, departamento de Cauca. Piden terminar de garantizar la seguridad de sus líderes –17 fueron asesinados en lo que va del año– y que se les entreguen las tierras que les fueron prometidas.

Las protestas sociales y sindicales no le dan respiro al gobierno de Alvaro Uribe. Hace cinco días el presidente declaró el estado de conmoción interior para frenar más de 37 días de huelga judicial; en las últimas dos semanas expulsó del país a tres trabajadores sociales europeos por ayudar a los trabajadores de la industria de la caña, que están en paro hace una quincena, y el martes ordenó reprimir a miles de familias indígenas, bajo el ya familiar argumento de que habían sido infiltrados por la guerrilla. Uno de los tres muertos de la represión fue un niño. Según informó la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el niño, cuyo nombre no divulgaron, murió asfixiado por los gases lacrimógenos que lanzó indiscriminadamente la policía antimotines.

El conflicto con los indígenas está en manos de la viceministra del Interior, María Isabel Nieto, que desde el primer momento marcó su estilo de negociación. “No vamos a permitir que se tomen medidas de fuerza”, aseguró, después de dar la orden de despejar la ruta cueste lo que costare. La Panamericana une el suroeste del país con Bogotá y el resto de la zona central.

La última vez que esta vía fue tomada por los movimientos indígenas fue en 2006, cuando vivían su auge las protestas contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. En aquella ocasión, Uribe utilizó la misma lógica. Denunció que los movimientos sociales legítimos habían sido infiltrados por las FARC, lo que inmediatamente convirtió a la protesta en una amenaza a la seguridad nacional y lo obligó, según sus términos, a reprimirla. Dos años después, la lógica fue la misma.

La Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, como llamaron las 102 etnias colombianas las jornadas de movilización, comenzaron el domingo pasado. Miles de indígenas llegaron a Cauca desde los vecinos departamentos del oeste del país. Al principio eran pocos, pero con el correr de las horas y con el crecimiento de la presencia policial la ruta se fue poblando de familias y militantes sociales. El lunes a la noche los cortadores de caña de azúcar, en huelga hace casi un mes y medio, se sumaron al reclamo indígena por seguridad y distribución de las tierras.

En lo que va del año 17 líderes comunitarios fueron asesinados por las fuerzas de seguridad públicas, por sicarios o por grupos armados no identificados. Además, destacó ayer la ONG colombiana Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento (Codhes), los indígenas son las comunidades más afectadas por el conflicto interno y olvidadas por el Estado. Actualmente existen 4 millones de desplazados internos en Colombia y el 81 por ciento de ellos vive en la indigencia. Según denunció este año la central indígena, de las 102 etnias que existen en el país, al menos 18 están en peligro de extinción.

Mientras el gobierno culpa a las FARC por el crecimiento de los desplazados, los indígenas señalan a los supuestamente desarmados paramilitares. “El rearme paramilitar asociado a la fragmentación de carteles de la droga y la intencionalidad de asegurar el despojo de tierras podrían explicar en parte este incremento de desplazamientos forzados, que se originan en zonas en las cuales las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (mayor bloque paramilitar) aseguraron control político e institucional”, señaló el presidente de la ONIC, Luis Evelis Andrade.

Ayer los manifestantes demandaban dialogar directamente con el presidente. “¿Por qué Uribe no da la cara? Queremos que mire la realidad. ¿Por qué le da miedo?”, aseguró enojado el ex senador nacional y militante indígena Daniel Piñacué a la radio local La W. En el Palacio presidencial de Nariño nadie contestó. Nieto, la viceministra del Interior, dijo mientras viajaba al corazón de la protesta que las condiciones no estaban dadas para hacerse presente. Irá ella y les comunicará lo que ya dijo el martes: que el gobierno está cumpliendo con la devolución de sus tierras, pero no tiene suficiente dinero para comprarlas todas ya.