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La victoria sandinista es oficial. A pesar de las denuncias de la oposición y de las advertencias de Washington, Bruselas y la OEA, la Justicia electoral puso fin a las esperanzas de los liberales y anunció que el oficialismo había ganado 105 de las 163 alcaldías nicaragüenses. El líder opositor Eduardo Montealegre reunió a toda su gente y prometió dar pelea. Aseguró que si la Justicia electoral no revé su decisión, su partido, el Liberal Constitucional, y sus aliados en esta pelea aprobarán una ley en el Congreso que anule las elecciones municipales de hace dos domingos y convoque un nuevo proceso.

La advertencia de Montealegre crispó a los hombres de Daniel Ortega. El presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, anunció casi de inmediato que había llamado por teléfono al titular del Congreso, un dirigente sandinista, para frenar la nueva ofensiva opositora. “No se puede dar curso ni trámite al proyecto porque rompe el orden constitucional”, alertó el magistrado.

En el Legislativo la bancada sandinista le devolvió el guiño al CSE y amenazó que destituir a todos los diputados opositores. “Quienes promueven una iniciativa de ese tipo pueden perder hasta su condición de diputados, porque eso está consignado como un delito contra la Constitución”, amenazó el legislador José Figueroa. Todos los partidos de la oposición unidos tienen mayoría simple en el Congreso. Sin embargo, la justicia electoral, la misma que le dio la victoria al sandinismo en las urnas, puede remover a los legisladores con un juicio político.

Ayer los medios fieles al gobierno de Daniel Ortega invitaban al “pueblo nicaragüense” a celebrar el triunfo sandinista en la plaza de la Revolución en el centro histórico de Managua. La convocatoria reunió a los miles de simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional que venían tomando las calles de la capital hace dos semanas. El objetivo, como pasó ayer, era evitar que la oposición –liberales, conservadores y sandinistas disidentes– hiciera escuchar sus denuncias sobre un presunto fraude en la capital y en el resto del país.