Barack Obama ordenó ayer suspender los juicios contra 21 detenidos en Guantánamo, poniendo en marcha así el cierre de uno de los pocos campos de concentración públicamente reconocidos por un gobierno democrático. En lo que fue su primera medida como presidente de los Estados Unidos, Obama dio el paso más drástico en dirección opuesta a la de la administración de George W. Bush. A nivel mundial, el cierre de Guantánamo pone a Estados Unidos en un status jurídico de igualdad con el resto de las naciones. Pero a nivel interno, abre un proceso de consecuencias difíciles de prever, en la medida en que pone funcionarios del gobierno anterior a un paso de ser acusados por violaciones a los derechos humanos, algo que no es la norma en las transiciones políticas norteamericanas.

La decisión, una de las primeras que firmó Obama durante la inauguración, ordena suspender los tribunales militares de la Base de Guantánamo y lleva también la firma de Robert Gates, el secretario de Defensa de Bush que Obama dejó en su cargo. Pocas horas después, el coronel Patrick Parrish suspendió el juicio que se desarrollaba contra Omar Khadr, un canadiense acusado de matar a un soldado norteamericano en el 2002. Guantánamo fue creada inmediatamente después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en el marco de la guerra contra el terrorismo declarada en todo el mundo por los Estados Unidos. Guantánamo llegó a tener una población de 500 detenidos, de los cuales sólo quedan 245, todos sin juicio ni acusación ante la justicia civil. Considerado como un centro de detención ajeno al sistema judicial, la excepcionalidad de su status habilitó el uso de torturas y violaciones a los derechos humanos contra los detenidos.

Entre hoy y mañana, Obama firmará el decreto que pondría en marcha el cierre definitivo de Guantánamo en no más de un año. La orden incluiría un período de 120 días de revisión de las causas, la liberación de algunos detenidos y el sometimiento a juicios ordinarios de otros. “Es bárbaro, ¿no? No hay dudas de que esto frena las prácticas de Guantánamo”, dijo Clive Stafford Smith, un abogado que representa a muchos de los detenidos.

Inédito en la historia de este país, la referencia inevitable para la Argentina es el juicio a las juntas militares que impulsó el gobierno democrático de Raúl Alfonsín. No por la jerarquía de los juzgados, sino por las consecuencias legales y políticas, que marcan un quiebre con el pasado y ponen al Estado como freno y no como impulsor de la violación a los derechos humanos.

Las características precisas del decreto determinarán los alcances de la medida. Si, por ejemplo, el Estado liberara a los detenidos porque las pruebas en su contra fueron obtenidas por medios ilegales, estaría reconociendo de forma explícita que los Estados Unidos ejerció la tortura, abriendo la puerta a posibles juicios y demandas civiles contra funcionarios de las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y la anterior administración. Hasta hoy, Obama no ha dado un aire exagerado a las expectativas acerca del posible juzgamiento del ex vicepresidente Dick Cheney o el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld, dos responsables directos de la creación de Guantánamo, y de los pocos funcionarios que teorizaron sobre el uso de la tortura como un medio legítimo de los Estados Unidos. Más allá de la prudencia del nuevo presidente, el proceso judicial que desencadene su decreto es algo que no controlará por completo. De ahí que el apoyo a la medida fuera acompañado en muchos casos con una renovada presión sobre Obama. Como el caso de Moazzam Beg, un ex detenido británico, que afirmó que aún “no hay una definición clara sobre el fin del centro de detención, y sobre el reconocimiento de todo el proceso como ilegal”. En Estados Unidos, el director de Human Rights First, Gabor Rona, dijo que era un “gran primer paso, pero sólo un primer paso”.

Odiosas como son, las comparaciones con el juicio a las juntas militares son bastante precisas, aun si es un combo, e incluye también las ambivalencias y flaquezas que marcaron posteriormente a la Argentina. Para evitarlo, Obama tendrá que combinar la certidumbre de su lugar histórico con la practicidad de la acción política. En la Argentina del ’87, si Alfonsín hubiera tenido un menor sentido de la trascendencia y un mayor espíritu práctico, si hubiera mirado más acá de sus narices, habría entrado a Campo de Mayo con Manzano y dos punteros del conurbano para llevarse a Rico de las orejas, y quizás su final habría sido distinto. En el caso de Obama, el avance en el cierre de Guantánamo lo pone frente a buena parte del aparato de seguridad de su país (aunque no todo), y frente a sectores claves de uno de los dos partidos políticos. Deberá combinar la certeza de cuál es su verdadero poder y hasta dónde puede llegar con el sentido práctico de cómo y cuándo hacerlo.

Su primer día de gobierno, previsiblemente, fue una continuación del clima emotivo de las últimas semanas. Participó de una misa inaugural de su gestión, y con eso fue desapareciendo el protocolo de su agenda. Mientras espera que el Congreso confirme a los miembros de su gabinete, no hizo ninguno de los anuncios económicos que se esperan, aunque tuvo al Consejo Económico Nacional reunido de forma permanente en la Casa Blanca. Obama ocupó parte del tiempo con gestos que no por útiles dejan de ser demagógicos, como el congelamiento de los salarios más altos de su staff, y otra buena parte en uno de los temas en los que definirá las características de su gestión: el conflicto entre Israel y Palestina y la continuidad del conflicto militar en Afganistán y la frontera con Pakistán. La reunión con la plana mayor de las fuerzas armadas –algunos por videoconferencia desde Irak y Afganistán– fue el primer paso del cambio de estrategia militar que el nuevo presidente busca para la región, cuyos puntos oscuros pueden ser tantos o más que los existentes en la estrategia actual.