Aunque sin comprometerse con una decisión en firme, Daniel Scioli sugirió ayer que Buenos Aires podría revisar su adhesión al Puree (Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica), como una forma de atenuar el aumento en las tarifas. Este sistema creado y regulado por la Nación, que penaliza los mayores consumos con el afán de estimular el ahorro, potenció el último incremento tarifario que aplicaron las distribuidoras de jurisdicción nacional, y hará lo propio con el que ahora también soportarán los usuarios bonaerenses. La mitad del Puree compensa los mayores costos de las empresas.

La esperanza que pudieran tener los usuarios respecto de que el aumento fuera frenado en la Justicia empezó a diluirse. La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Cecilia Gilardi rechazó una presentación en ese sentido del Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, alegando que no está en condiciones de plantear una acción colectiva en nombre de todos los usuarios. El ombudsman afirmó que apelará esa decisión.

El aumento de tarifas se hizo más importante por la incidencia del Puree. Este programa fue concebido como un recurso para impulsar una baja en la demanda de electricidad, penalizando a quienes consuman por encima del 90 por ciento de lo que gastaron en el mismo bimestre de 2003 y bonificando a quienes demanden por debajo de esa cantidad. El castigo implica pagar el doble la energía consumida en exceso. Por lo tanto, cuanto más alta es la tarifa, más gravosa es la carga.

Al menos en el caso de Edenor, Edesur y Edelap, mientras los precios residenciales permanecieron fijos, la pena no resultaba demasiado pesada y, por consiguiente, no fue un estímulo poderoso para ahorrar. El resultado es que se recaudaba más por los castigos de lo que se descontaba por los premios. El saldo iba al ente regulador, hasta que éste permitió que las empresas utilizaran la mitad para la cobertura de los mayores costos de la explotación.

El Puree tuvo otros cambios, que reforzaron la carga para los usuarios de mayores consumos. Por ejemplo, el que los excluyó de la posibilidad de tener cualquier bonificación aunque consumieran menos. Pero el verdadero cimbronazo se produjo ahora, cuando las facturas traducen el cambio tarifario dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación a partir del primero de octubre para los consumidores por encima de 1000 kilowatt en el bimestre.

Los aumentos de hasta el 400 por ciento son el efecto combinado de un kilowatt más caro, con la aplicación de una pena que por este mismo hecho resulta más alta. Amén de que como el último noviembre fue excepcionalmente cálido, es común que los hogares con aire acondicionado lo hayan usado a discreción, estimulando el medidor. Con las nuevas tarifas, el Puree dejó de ser indiferente.

El valor del kilowatt consumido “en exceso” salta un abrupto 300 por ciento para los usuarios de más de 1200 kwatt por bimestre. Así el castigo se siente en serio. Valga de ejemplo que un hogar cliente de Edesur que está en esta categoría recibió una factura por un monto total de 700 pesos, de los cuales 120 corresponden a la aplicación del castigo (este fin de año consumió 700 kwatt más en el período base). Si prosperase la idea de Scioli de abandonar la adhesión al Programa impulsado por la Nación, esa boleta podría reducirse a unos 580 pesos.

Las provincias pueden adherir voluntariamente al Puree, como hizo Buenos Aires, y eventualmente desandar luego el camino, decisión que involucra a las distribuidoras bajo órbita provincial. Pero difícilmente la iniciativa bonaerense consiga desafectar a los usuarios de Edenor, Edesur y Edelap, aunque estas empresas tengan la mitad o todo su universo de clientes localizados en territorio provincial: a pesar de esto, están sujetas al régimen nacional. Para esto, todo lo que Scioli podría hacer es abrir una discusión con el gobierno central con el improbable objetivo de que el Puree sólo quede vigente en la Capital Federal.

En cuanto al aumento de tarifas que aplicarán las distribuidoras bonaerenses Eden, Edea y Edes, según los funcionarios provinciales “sólo afectarán al 2 por ciento” del universo de usuarios, con incrementos de hasta el 78 por ciento.