Cuando Barack Obama firme la orden que termine con el campo de prisioneros de Guantánamo, acabará de un plumazo con uno de los capítulos más vergonzantes en la historia de la política exterior norteamericana.

Desde el año 2002, cuando los primeros prisioneros musulmanes fueron trasladados desde las montañas de Afganistán hacia la base naval estadounidense en Cuba, sus muros de alambre de púa y los uniformes naranjas de sus detenidos se convirtieron en los mayores símbolos de las injusticias cometidas por Estados Unidos en su guerra contra el terror.

Numerosas declaraciones por parte de los prisioneros denunciando la tortura y los abusos allí cometidos se sumaron a la controversia. Pero nada apartó al presidente Bush en su determinación de pasar por encima del derecho internacional y mantener detenidos en condiciones ilegales a decenas de sospechosos, sin juicio o cargo alguno. A los que se llevó allí se los denominó “enemigos combatientes”, en un vil intento por esquivar los derechos garantizados por las Convenciones de Ginebra.

En seis años, cerca de 800 prisioneros pasaron por las celdas de detención de Guantánamo, donde al menos cuatro internos se suicidaron y varias docenas más fallaron en el intento. La base naval, que también es conocida con el nombre de Camp Delta o, en jerga militar, Gitmo, alberga en su interior otros tres campos más pequeños, llamados Camp Echo, Camp Iguana y Camp X-Ray.

La tarea más dura para la administración Obama será encontrar un lugar donde enviar a los 245 detenidos. Es muy probable que 21 de ellos, que ya enfrentan procesos en tribunales militares y entre los cuales se encuentra Khalid Sheikh Mohammed, presunto cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, permanezcan en Estados Unidos para terminar de ser juzgados y condenados. Otros 60 casos que se prosiguen actualmente serán puestos en suspenso para que un nuevo equipo de fiscales revea los expedientes.

Entre el resto de los reclusos, figuran dos hombres que dicen tener residencia británica, por lo que se requerirá de arduas negociaciones diplomáticas con sus respectivos gobiernos. Algunos de ellos, incluyendo un buen número de argelinos, no pueden ser enviados a sus países de origen puesto que se sabe que allí serán detenidos y torturados por gobiernos que los consideran terroristas islámicos.

Por tal motivo, se les pidió a varios gobiernos europeos que no tienen conexión alguna con los detenidos que reciban prisioneros y contribuyan así con el cierre de la base. Hasta ahora, sólo Portugal, Irlanda y Suiza estarían en condiciones de ofrecerse. Pero la clave serán las negociaciones con el gobierno de Yemen, de donde se calcula que serían al menos 100 detenidos. El problema fue que la administración Bush siempre se negó a negociar con las autoridades de este país. Veremos qué pasa ahora.

Por su parte, Gran Bretaña solicitó formalmente la liberación de dos de sus ciudadanos detenidos: Binyam Mohammed, 38, es un refugiado etíope con papeles británicos que se encuentra detenido en Guantánamo desde hace cuatro años, y Shaker Aamer, 41, es un saudita casado con una inglesa. El estatuto británico de un tercer preso, Ahmed Belbacha, 39, todavía está en disputa: se trata de un argelino que vive en Londres y que es reclamado por esta capital.

La cárcel de Guantánamo fue descripta por varios jueces alrededor del mundo como un “limbo” legal, aparte de una mancha en los principios fundantes de la justicia norteamericana. Obama sabe que si de veras quiere poner de vuelta a su país bajo el imperio de la ley, éste es el lugar por donde debe comenzar.