Desde Madrid

España destruye empleo a una velocidad que no se veía en Europa desde los aciagos días del fin de la República de Weimar. El dato lo sacó a relucir semanas atrás el diario conservador El Mundo y refleja más que un paralelismo con la Alemania previa a la llegada del nazismo al poder, el clima de pánico que parece haberse apoderado de la sociedad española cuando se confirma que el año 2008 cerró con 3.128.963 desempleados, un 14 por ciento de la población activa, la tasa de desocupación más alta de la Unión Europea –por encima incluso de los países del Este acostumbrados desde hace años a sufrir esa lacra–. Junto al desempleo se desploman también el consumo, la confianza de los empresarios, la inflación que está a punto de transformarse en la temida deflación, las ventas de coches que descienden más de un 40 por ciento en un año. En definitiva, un panorama desolador como no se veía en el país desde hace al menos un cuarto de siglo.

“Tengo una hipoteca de 900 euros al mes, mi marido agotó su prestación de desempleo y con mi sueldo de mil euros apenas nos alcanza para comer y para los gastos de la casa, que alguien me diga cómo vamos a hacer.” El caso de Amparo García, una ciudadana de a pie que se apresura a hablar cuando oye a este cronista preguntar sobre la crisis en una céntrica calle madrileña, es uno más de tantos. La pasada semana el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reconoció su preocupación por el hecho de que en ochocientos veintisiete mil hogares han perdido su trabajo los dos miembros de la familia y el problema es que la crisis lleva ya al menos un año y las prestaciones de desempleo del paupérrimo Estado de bienestar español no superan los dos años, por lo cual en poco tiempo más muchas de esas personas comenzarán a quedar en la más cruda intemperie económica.

Los primeros en darse cuenta de la gravedad de la crisis han sido los bancos, que han visto cómo se duplicaba en los últimos meses la tasa de morosidad en los préstamos, sobre todo aquellos que tienen origen hipotecario. Mientras el Banco Central español les advierte a las entidades que deben aumentar sus provisiones de cara a una previsible crisis de pago, el gobierno les tira las orejas porque no usan el dinero que les ha inyectado el Ministerio de Economía para reactivar los préstamos. “¿Un préstamo? –pregunta con ironía Miguel González, dueño de una agencia de publicidad en la ciudad de Valencia, una de las más golpeadas por la crisis inmobiliaria que azota el país–. ¡Vete tu a pedir un préstamo ahora! ¡No te lo dan! O te ponen veinte mil condiciones.”

Y es que a la hora de dar dinero los bancos ya ni siquiera pagan intereses por los depósitos. Hasta que comenzó la crisis abundaban las publicidades ofreciendo entre un 6 y 8 por ciento de rentabilidad por un plazo fijo. Hoy esos anuncios han desaparecido. Rubén Pastor es gerente de una pequeña sucursal de una caja de ahorros regional: “Ni toman dinero ni lo prestan, están inmovilizados”, resume.

Los comerciantes también sienten el cimbronazo. Después del 6 de enero muchos confiaban en que la temporada de saldos los iba a salvar de un año negro, pero aunque los descuentos sobre todo en vestimenta llegan al 70 por ciento, el mercado continúa alicaído. “Nada, mire usted”, indica Nuria, una empleada de la cadena El Corte Inglés habituada a encontrar multitudes en las tiendas en este período. Previendo lo que iba a suceder los comerciantes emplearon menos gente para la ocasión, contribuyendo como tantos otros agentes económicos a aumentar la rueda de la crisis.

Quien pudo constatar en persona hasta dónde están subiendo los ánimos de la opinión pública fue José Luis Rodríguez Zapatero. El pasado lunes participó del popular programa “Tengo una pregunta para usted, señor presidente”, en el que un nutrido grupo de ciudadanos de a pie le manifestó sus inquietudes. Tres de ellos, desempleados, aprovecharon la ocasión para arrimarle el currículum a ver si les conseguía empleo. El gobierno socialista se defiende argumentando que ha puesto en marcha el mayor plan de infraestructuras de la historia de la democracia, ocho mil millones de euros que irán a parar a las arcas de los municipios. Una respuesta keynesiana de última hora que no convence ni a tirios ni a troyanos.

Según el ministro de Economía, Pedro Solbes, el plan permitirá crear unos 300 mil empleos. Una gota de agua en la tormenta, brama la oposición. El mismo Solbes, en vez de tranquilizar a los ciudadanos, los dejó atónitos hace unas semanas cuando concedió una entrevista al diario El País advirtiendo que el gobierno “agotó el margen de acción” para responder a la crisis. Es decir, los bolsillos del Estado están vacíos. La caída de la economía se tragó el superávit estatal y este año se calcula que el déficit llegará al 6 por ciento del PIB. Una cifra descomunal, el doble de lo que acepta el Banco Central Europeo a los países de la zona euro.

En el núcleo duro de la crisis se encuentra el mercado de la vivienda. El derrumbe del boom de la construcción, alimentado en la última década por precios que crecían de forma extravagante ante una gran demanda originada en jubilados y empleados de la clase media europea ansiosos de tener un lugar donde pasar sus vacaciones al sol del Mediterráneo, es el punto neurálgico que hace a la economía española más vulnerable que el resto de las economías europeas. Cuando la tormenta hipotecaria que sacude Estados Unidos llegó a estas costas, los bancos se asustaron, cortaron el crédito y la gente dejó de comprar. Hoy hay más de 300 mil viviendas nuevas que no encuentran propietario, los precios se derrumban y las empresas despiden trabajadores a raudales.

Detrás de la construcción se cayó el turismo, sobre todo el procedente de Europa. Y ahora comienzan a derrumbarse los otros pilares de la economía nacional: la industria de la construcción no para de anunciar despidos, se cae el sector servicios, y las sombras avanzan sin que nadie pueda vislumbrar el final del túnel. Oficialmente, el país está en recesión después de dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo.