Desde México, D. F.

Un general de brigada secuestrado, torturado y asesinado brutalmente en Cancún; un alcalde estrangulado, cuyo cadáver fue abandonado en un camino rural de Durango; un sicario detenido por haber disuelto en ácido los cuerpos de 300 ejecutados por un solo cartel en Tijuana; un atentado con granadas contra una televisora de Veracruz; turistas asaltados y uno de ellos muerto de un tiro en la cabeza en el Distrito Federal; campañas electorales por todo el país bajo escrutinio de las agencias de inteligencia civiles y militares...y 750 muertos en lo que va del año, entre ejecuciones y enfrentamientos con el ejército.

No hay modo. Las historias de horror han marcado el inicio del año y dominado la agenda pública nacional, apenas distraída por una crisis económica sin precedente que ha dejado en el desempleo a cientos de miles de trabajadores, muchos de los cuales podrían engrosar las filas de los sicarios, sobre todo en los estados fronterizos con Estados Unidos.

La guerra contra el crimen organizado en México sólo ha generado más violencia: casi 13 mil muertes desde 2004. Y discursos, la forma más socorrida por la administración de Felipe Calderón para aparentar que sí puede con la caja de Pandora que él mismo abrió desde que decidió legitimar su gobierno mediante la fuerza de las armas, ya que no lo hizo desde las urnas.

En los hechos, las 508 ejecuciones en enero pasado y las 242 en lo que va de febrero sólo resaltan el poder de fuego del crimen organizado y el desafío abierto a las instituciones mexicanas, cada vez más corrompidas, diezmadas e inoperantes.

No en balde el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, sostuvo el 12 de enero ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que urge “poner un alto a la criminalidad desbordada, porque está amenazando la paz social”, y porque hay regiones completas del país que ya padecen “severas crisis de gobernabilidad”.

Pero al gobierno de Calderón parece preocuparle más su imagen en el exterior, y la Cancillería ha anunciado que no se escatimarán recursos para lavar la cara a México ante los gobiernos extranjeros que cada vez lucen más preocupados por la violencia en el país. La instrucción a los embajadores es convencer de que todo es resultado del combate contra el crimen organizado.

Uno de los primeros en cumplir la orden presidencial ha sido Arturo Saruhkán, embajador en Estados Unidos, quien negó que México sea un “Estado fallido”, como alertó un informe militar (ver nota aparte).

La violencia es apenas la expresión más notoria y burda de un Estado paralelo que controla buena parte del país, pero el poder del narco no se limita a las armas. Su verdadera fuerza está en los 45 mil millones de dólares que cada año hacen circular en México, prácticamente sin control. Para muestra, un informe del Fondo Monetario Internacional destacó la semana pasada que las autoridades mexicanas sólo impusieron 25 condenas por lavado de dinero entre 1989 y 2007. Para la firma estadounidense No Money Laundering, el monto de los recursos ilegales equivalen al 5 por ciento del Producto Interno Bruto, que sólo se explica porque ésta “es una nación con alto nivel de corrupción y narcotráfico”.

El círculo vicioso toca todas las esferas, y las elecciones federales de julio de este año para renovar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores son un atractivo para el crimen organizado y políticos corruptos.

Por ello, los órganos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional darán seguimiento a los movimientos financieros de cada candidato, especialmente de los más expuestos a la amenaza o chantaje de grupos del narcotráfico, sobre todo en estados con antecedentes, como Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, de acuerdo con un mapa de zonas de alto riesgo que elaborará el Instituto Federal Electoral.

Mientras, el ejército sigue su desgaste en una batalla para la que nunca estuvo preparado. En dos meses, al menos 10 militares han sido ejecutados por el crimen organizado. El caso más reciente fue el de un general de brigada retirado, Enrique Téllez, quien acababa de aceptar un cargo como asesor de seguridad en el famoso centro vacacional de Cancún. Su cadáver presentaba quemaduras en la piel y tenía rotos los huesos de las manos y las muñecas. Con él fue ejecutado también su asistente, el teniente César Román Zúñiga.

Seis días después de este asesinato, el general Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional, advirtió en un discurso ante el presidente Calderón y doce secretarios de Estado que “nadie nos intimida ni nada nos detendrá”, y reiteró que las fuerzas armadas seguirán “participando con decisión y contundencia en todas las actividades de seguridad que busquen garantizar la paz y la tranquilidad del país”.

Horas antes, un enfrentamiento entre sicarios y militares dejó un saldo de 21 muertos: 14 pistoleros, un sargento y seis personas que habían sido secuestradas.