El general retirado Jorge Olivera Róvere, imputado por cuatro homicidios y 120 secuestros como jefe de la subzona militar Capital Federal en 1976, se negó ayer a declarar ante la Justicia. Luego del escándalo del martes y de cinco juicios por delitos de lesa humanidad en los que prohibió el ingreso de reporteros gráficos, el Tribunal Oral Federal 5 finalmente autorizó a trabajar a un fotógrafo de la agencia Télam. Le impuso sólo dos condiciones: tomar fotos desde atrás de un blíndex y no usar flash. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, ratificó ayer la importancia de garantizar la publicidad de los juicios y requirió a los magistrados “un fuerte trabajo de colaboración con la prensa”.

La segunda jornada del juicio al ex segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército comenzó con planteos de sus abogados, Norberto Giletta padre e hijo. El ex juez de la dictadura, defensor de Olivera Róvere desde hace veinte años, pidió la nulidad de la acordada de la Cámara Federal porteña que en 2003 reabrió la megacausa Primer Cuerpo. Su hijo pidió que se rechazaran testimonios tomados en Conadep o vía exhortos y sólo se consideraran los de quienes declararan ante el tribunal. Luego, el imputado ratificó sus declaraciones indagatorias de 1987 y 2004, aclaró que no tenía nada nuevo para decir y se negó a responder preguntas de las partes.

Cuando el juez Daniel Obligado invitó al militar a pasar al estrado, el fotógrafo Gustavo Amarelle lo retrató sin más obstáculos que el blíndex que separa a la Justicia de la sociedad. Un día antes el TOF5 había autorizado a Leonardo Zavattaro a trabajar tres minutos sin el represor en la sala, y el secretario Martín Schwab se abalanzó sobre su lente cuando, ya detrás del vidrio, disparó contra el reo. El repudio que generó la medida derivó en un criterio menos estricto, aunque aún lejano al de otros tribunales orales que instruyen causas por crímenes de lesa humanidad.

El régimen que se aplicará a los canales interesados en televisar audiencias sigue siendo una incógnita. Hasta el martes, Obligado, Guillermo Gordo y Ricardo Farías concedían a Canal 7 la posibilidad de filmar durante tres minutos la sala en silencio y sin el acusado, para luego conectarse al circuito cerrado con tomas exclusivas de Sus Señorías y sus secretarios. Ayer, los canales transmitieron el escándalo del martes, pero no reclamaron su derecho a filmar a Olivera Róvere, pese a que la declaración formaba parte de la audiencia inicial que la acordada de la Corte encomendó transmitir. Recién el 29 de abril, cuando se lea la acusación contra los ex jefes de áreas militares, se sabrá si Gordo & Cía. mantienen la prohibición para la televisión o la modifican con vistas al próximo juicio, el primero a celebridades rentables para la TV como Alfredo Astiz, Jorge Acosta & Cía.

Tras el repudio de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, el Foro de Periodistas, el CELS y Justicia Ya! al maltrato sufrido por el periodista de Télam, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, explicó ayer que “los jueces tienen facultades para resolver cómo se hace en la práctica” la difusión de cada juicio, aunque reiteró que los debates deben ser “públicos” y “es muy importante que la gente conozca lo que sucede”. “Eso requiere un fuerte trabajo de colaboración con la prensa. La relación con los medios no debe ser conflictiva sino de cooperación”, sugirió. “El rostro del imputado no es un problema, pero no hay que estigmatizar a una persona sometida a proceso. Hay que recordar que toda persona es inocente hasta que se la declare culpable”, enseñó. “En el ámbito de cada juicio tiene competencia cada tribunal. El juez tiene que equilibrar la difusión con el respeto a las reglas del debido proceso para que el juicio no sea una telenovela”, concluyó.