La secretaria de Estado norteamericana y el canciller colombiano se reunieron ayer para poner el broche final al acuerdo militar, que tiene preocupado al resto de los países de la región. Con una sonrisa y un tono dulce, Hillary Clinton rechazó las críticas de la mayoría de los países latinoamericanos y pidió más comprensión en la lucha contra el narcotráfico. “Yo pediría que más países nos ayuden, no sólo que permanezcan en la línea y que contribuyan al problema por hacer o decir nada, debilitando los esfuerzos que nuestros gobiernos están haciendo para afrontar la amenaza del narcotráfico”, aseguró la funcionaria norteamericana en la conferencia que compartió con su par colombiano, Jaime Bermúdez.

El enviado de Alvaro Uribe también repudió elegantemente los cuestionamientos latinoamericanos. “La comunidad internacional es tremendamente generosa al expresar su solidaridad por la muerte de las personas en virtud de las luchas contra las drogas o el terrorismo, pero qué poca cooperación efectiva se encuentra a veces en esta materia”, señaló. Tanto él como Clinton rechazaron cualquier injerencia y calificaron el acuerdo como un asunto estrictamente bilateral. No obstante, el canciller colombiano se esforzó en convencer a los periodistas locales e internacionales de que la soberanía nacional del país vecino no sería violada.

Poco antes de que Clinton recibiera a Bermúdez en la sede del Departamento de Estado, voceros del gobierno estadounidense señalaron que el acuerdo definitivo se firmará dentro de pocas semanas. “Tenemos un principio de acuerdo, pero creo que va a tomar unas pocas semanas más antes de que lo firmemos”, explicó el vocero del Departamento de Estado, Ian Kelly.

Pero la mayoría de los detalles ya se conocen. El acuerdo durará diez años y permitirá que tropas norteamericanas utilicen la infraestructura de siete bases militares colombianas, tres de la Fuerza Aérea, dos de la Marina y otras dos del Ejército. El texto establece que la cooperación estará incluida en el llamado Plan Colombia, firmado por Bill Clinton en 1999 y por el cual Colombia ya recibió más de 5500 millones de dólares de las arcas norteamericanas.

Según el comunicado del Departamento de Estado estadounidense, el nuevo acuerdo militar entre Washington y Bogotá no supondrá el despliegue de más tropas y asesores civiles, como temía la oposición colombiana y algunos de sus vecinos. La financiación, en cambio, aún está por determinarse. Las fuerzas armadas colombianas ya confirmaron la partida de 46 millones de dólares para refaccionar una de las bases que serán cedidas a los soldados estadounidenses.

Pero el tema que más incertidumbre creó entre los detractores del acuerdo militar es la inmunidad que recibirán los soldados norteamericanos que operen en territorio colombiano. Bermúdez dio las primeras explicaciones. “La inmunidad no implicará impunidad”, dijo. “En este acuerdo se incluyeron cosas tan importantes como que no va a haber jurisdicción norteamericana o cortes marciales en territorio colombiano. O por ejemplo, que los órganos de investigación de Colombia pueden participar en la investigación que se adelante frente a funcionarios norteamericanos, o que se les puede hacer un seguimiento a esas investigaciones”, explicó el canciller colombiano.

En otras palabras, si un soldado norteamericano comete un crimen en territorio colombiano la investigación quedará a cargo de un connacional, no un nativo. Para el ex presidente de la Corte Constitucional de Colombia José Gregorio Hernández, la idea de otorgar inmunidad a fuerzas extranjeras viola la Constitución y, además, crea una desigualdad con respecto a los soldados colombianos, con los que estarán trabajando. “Esa inmunidad se puede convertir en impunidad porque para que sea levantada, como dice el gobierno que podrá hacerse, previamente tendrá que haber un proceso diplomático que puede demorarse mucho o no cumplirse”, aseguró.

Ni siquiera el gobierno mexicano, aliado de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico y en los acuerdos en esta materia con Washington, apoyó la idea de invitar tropas norteamericanas al territorio nacional. “Respeto la decisión de Colombia, pero no creo que sea un modelo, por lo menos para México; lo que exigimos de los norteamericanos es parar el tráfico de armas y reducir el consumo de drogas allá con políticas activas, de dos años a esta parte la cocaína cuesta más del doble”, sostuvo el presidente mexicano Felipe Calderón, al cerrar su gira sudamericana en Brasil.