En cumplimiento de una orden judicial, el gobierno porteño comenzará hoy a compactar los primeros vehículos sobre un total de 5800 que se acumulan en un terreno de Villa Lugano, al lado de la Villa 20, donde viven más de 40 mil personas. La resolución fue adoptada ayer por el juez Roberto Gallardo, en una causa que se inició a raíz de una denuncia de contaminación, producida por los desechos tóxicos que produce el cementerio de autos, y que afecta a los habitantes de ese barrio.

El juez Roberto Gallardo se hizo presente ayer en el predio ubicado en Avenida Cruz y Escalada, frente a un hipermercado, para hacer efectiva la medida. También estuvo el ministro de Justicia porteño, Guillermo Montenegro, quien había sido convocado por el juez. El gobierno porteño había apelado anteriores resoluciones judiciales que lo obligaban a hacer un estudio ambiental del predio, pero ayer se allanó a cumplir la medida judicial.

El terreno en cuestión pertenece a la ciudad –al menos está escriturado a su nombre–, pero fue cedido al Poder Ejecutivo Nacional, para uso de la Policía Federal. Hasta ese lugar, desde hace más de veinte años, son trasladados los vehículos judicializados, es decir, aquellos que han sido secuestrados en el marco de una causa judicial y, después de haber pasado una temporada frente a una comisaría, son llevados a ese predio que, virtualmente, constituye su última morada.

Gallardo, juez en lo contencioso administrativo, ordenó la desocupación del predio y notificó a Montenegro que debía “proceder a la identificación, inventario, registro fotográfico, remoción, compactación y destinación final de los automotores que se encuentren en ese depósito, en un plazo de 90 días”.

Fuentes del Ministerio de Justicia aseguraron a Página/12 que hoy mismo “van a comenzar los trabajos de compactación de los 5800 vehículos” depositados en ese terreno. “Se va a comenzar por los más viejos y por cada uno se va a hacer un expediente donde conste la marca, modelo, número de dominio y grabado de cristales”, precisó el vocero. El trabajo lo realizará una empresa que efectúa tareas de compactación para la ciudad y sólo cobra el producto compactado, que luego comercializará como chatarra entre las empresas que producen acero.

El comienzo de la limpieza del predio, de realizarse, representaría el fin de un largo conflicto que se inició con el reclamo de los vecinos de la Villa 20, ubicada a metros del cementerio de autos. La causa judicial comenzó en 2006, con una denuncia del asesor tutelar, Gustavo Moreno, y de la defensora del Pueblo, Alicia Pierini, a partir de los informes médicos que daban cuenta de la presencia de distintas patologías en la población de ese barrio, atribuibles a la presencia del depósito de autos, basura y roedores: diarreas, parasitosis, leptospirosis, contaminación con plomo y otros metales.

El predio que oficia de cementerio de autos tiene una extensión de 12 hectáreas. Según lo establece la ley 1770 de la ciudad, está destinado a la urbanización de la Villa 20: allí se prevé la construcción de viviendas y equipamiento comercial. En el sector de tierra que ya está liberado, la Fundación Madres de Plaza de Mayo comenzó a construir unidades habitacionales para esas familias.

El 14 de mayo último, Gallardo había dispuesto la “clausura inmediata del depósito de autos de la Policía Federal” y ordenado al gobierno de la ciudad que “arbitre los medios a su alcance para desocupar totalmente el predio y proceda a su desinsectización y desratización en el término de 30 días. También le requería al entonces ministro de Justicia Aníbal Fernández, para que proceda a la “descontaminación, compactación y disposición final de los automotores”.

Gallardo rechazó, el 1º de julio, el planteo de incompetencia y la apelación presentados por el Ministerio de Justicia nacional. El siguiente paso lo dio la semana pasada, con la orden de desocupación del predio. Ayer mismo, el juez le entregó al ministro Montenegro una serie de instrucciones, a saber: ningún vehículo con destino a depósito podrá ingresar al predio; se dará curso a la compactación comenzando por las unidades visiblemente más antiguas; las unidades a compactar deben ser identificadas y fotografiadas; esos datos constarán en un informe que deberá presentarse diariamente en el juzgado; y el gobierno de la ciudad tendrá que otorgarle a la Nación un nuevo predio en reemplazo del que utilizó hasta ahora.