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El Congreso uruguayo reconoció el terrorismo de Estado y ordenó pagar una indemnización a todos los que estuvieron detenidos durante más de seis meses por razones políticas. La mayoría parlamentaria del Frente Amplio (FA) logró que la ley no sólo incluya el período de la dictadura (1973-1985), sino también los cinco años previos de autoritarismo y represión estatal. “Estamos cumpliendo con una deuda histórica”, celebró el diputado oficialista Gustavo Bernini, después de votar la ley anteanoche. Ahora debe promulgarla el presidente Tabaré Vázquez, quien ayer se reunió con Hillary Clinton en Washington. La firma la pondría recién la semana próxima.

El proyecto de ley no era nuevo pero, como la mayoría de los cuestionamientos a la represión de los años de facto, encontró resistencia en los dos partidos tradicionales, los Blancos y los Colorados. La oposición sostenía que si se condena la violencia de aquellos años, se debía condenar también a los grupos guerrilleros. El FA rechazó de entrada esa interpretación. “Quieren instalar la tesis de los dos demonios, que la represión se produjo a causa de la guerrilla, y así justifican que se violentara la legalidad”, aseguró Bernini.

Según explicó el diputado, la ley no niega que haya habido otros actores sociales que recurrieron a la violencia para luchar por sus ideales políticos. “No descartamos que hubiera violadores por los dos bandos, pero para nosotros el dolor fundamental fue la actuación del Estado, que además reprimió en su mayor parte a personas que no tenían nada que ver con la guerrilla”, señaló el legislador frenteamplista.

La norma establece que el Estado uruguayo tiene la obligación de reparar, de forma material o simbólica, a las víctimas del terrorismo de Estado, además de garantizar la preservación de la memoria. Bajado a la realidad, el Estado deberá emitir un documento para cada una de las personas que pasó como mínimo seis meses preso por razones políticas. Este documento les otorgará inmediatamente acceso gratuito a prestaciones de salud para cualquier secuela, física o psicológica, en el caso de víctimas directas.

Para los familiares de los desaparecidos y de los asesinados, el Estado creará una comisión especial que estudiará cada caso y asignará una indemnización. “En definitiva, el Estado está asumiendo finalmente su responsabilidad por haber ejercido ilegítimamente su función”, sentenció Bernini.