La campaña para revocar la Ley de Caducidad llegó ayer a su fin en Uruguay con una marcha que copó el centro de Montevideo. Tan sólo un día después de que la Corte Suprema de ese país fallara la inconstitucionalidad de la norma que impidió juzgar a los militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1973–1985), unas treinta mil personas se movilizaron desde la Plaza Cagancha, en el kilómetro cero de la capital, hasta el Obelisco, bajo la consigna “El último 20 con Ley de Impunidad”. “Se está cerrando un ciclo en el que todos los poderes del Estado están dictaminando que la Ley de Caducidad es inconstitucional”, aseguró ayer Luis Puig, secretario de Derechos Humanos de la central obrera PIT-CNT, una de las principales impulsoras del referéndum.

Es que el tiempo apremia. El próximo domingo, junto a las presidenciales, los uruguayos tendrán que decidir si revocan o no la ley de impunidad a través de un referéndum. El fallo de la Corte, divulgado en la misma semana de las elecciones, se aplica sólo al caso analizado. Abrir la puerta a todos los posibles juicios sería un proceso más largo que ganar la consulta.

Ayer, en la marcha, el color rosado que identifica a la papeleta del “Sí” se hizo visible a lo largo de dos kilómetros en el centro de la ciudad. El Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel; la nieta del escritor Juan Gelman e hija de desaparecidos, Macarena Gelman, y el escritor uruguayo Eduardo Galeano, entre otros, dijeron presente. Sin embargo, para que la ley sea revocada, hace falta la mitad más uno de los votos. Según las últimas encuestas, el “Sí” sólo llega al 47 por ciento, con casi un 12 por ciento de electores indecisos.

Por eso, ayer, la asociación Hijos de Uruguay pasó a la ofensiva y se lanzó de lleno a convencer a la ciudadanía para que vote por el “Sí”. “Una oportunidad única para evitar futuras violaciones a los derechos humanos por parte del Estado” fue el título de la convocatoria. Los pedidos de los hijos de detenidos desaparecidos fueron contundentes.

Macarena Gelman instó a la sociedad uruguaya a ponerse en el lugar de las víctimas. “Si no entendemos que lo que nos pasó nos pasó a todos, por lo menos habría que ponerse en el lugar de a quienes nos pasó”, reclamó. Y, acto seguido, valoró la decisión de la Corte al tiempo que instó a ir por más. “El fallo es un punto de partida y un antecedente más que importante en un momento en que todas las partes del Estado están en consonancia en relación con este tema. Pero más allá de la declaración de inconstitucionalidad, es fundamental la expresión del pueblo uruguayo a favor de anular la ley”, agregó.

Victoria Julien, otra integrante de la asociación, remarcó el significado histórico de derogar la norma. “Anular esta ley tiene que ver con la solidaridad, es una oportunidad para reivindicar a nuestros padres y a la sociedad”, afirmó la militante. “Sería un cambio cultural enorme en el país”, insistió.

Amaral García, finalmente, lanzó su pedido señalando que es tiempo de que se haga justicia. “Yo estoy harto de que haya sucedido esto hace tantos años y todavía no haya justicia. Terminar con esta norma nos involucra a todos, pese a que algunos hayan sido las víctimas más directas de la represión que otros”, enfatizó. “La anulación de la ley permitirá a los violadores de los derechos humanos dar su testimonio ante la Justicia. No estoy diciendo revancha ni conmutación de pena, digo que tienen derecho a pedir disculpas”, explicó el miembro de Hijos.

La Ley de Caducidad fue promulgada en 1986 y ratificada por un plebiscito en 1989. El fallo de la Corte del día lunes fue el primero en la historia del país en declarar su inconstitucionalidad. Los jueces, para dictar su decisión, tomaron el caso de Nibia Sabalsagaray, militante comunista secuestrada y torturada hasta la muerte en 1974.