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Por Brian Whitaker *
Desde El Cairo

Una disputa entre Estados Unidos y Arabia Saudita sobre la financiación al terrorismo se transformó ayer en una lucha sin cuartel, cuando el reino saudita desató la furia de sus medios, habitualmente tranquilos, contra Washington. Todo empezó con denuncias de que miles de dólares que la princesa Haifa bint Faisal, esposa del embajador saudita en Washington, destinó a regalos para fines benéficos fueron a parar a amigos de dos de los secuestradores del 11 de septiembre. Aunque no hay evidencia de que la princesa supiera el destino del dinero, para Ryad esto es parte de una campaña dirigida por los neoconservadores norteamericanos para implicar a sauditas prominentes en la financiación de la red Al-Qaida.
En un intento por aplacar los ánimos, el vocero de la Casa Blanca, Ari Fleischer, dijo que “Arabia Saudita es un buen socio en la guerra contra el terrorismo pero podría hacer más”. Pero sus declaraciones sólo avivaron la furia saudita. El diario saudita Arab News, de la ciudad de Jeddah, acusó a la Casa Blanca de engancharse en una “histeria mediática” y de complacer “a las prima donnas del Congreso en la forma más vergonzosa”. Además, el diario dijo que el ataque velado de Fleischer abrió una brecha entre los dos países que será difícil cerrar. “¿Quién se cree que es Washington para dar ese cachetazo o hacer ese tipo de exigencias?”, preguntó el diario. “¿Somos Irak? ¿Somos el Afganistán de los talibanes? Nosotros somos un aliado cercano de Estados Unidos.” Otras publicaciones sauditas se unieron a la polémica. En un tono que no podría usarse sin la bendición oficial, el diario Al Watan acusó a Estados Unidos de chantajear al reino.
En un informe publicado el martes pasado por el diario The Washington Post, un funcionario estadounidense cuyo nombre no trascendió dijo que Estados Unidos pediría a los sauditas que investigaran el financiamiento al terrorismo. Y que si no lo hacían, iban a recibir un ultimátum. “Les contamos el problema y que ellos lo resuelvan, presumiendo que van a actuar de buena fe. Pero si no actúan en 90 días, vamos a asumir que resolver el problema está fuera de su alcance. Y Estados Unidos lo va a solucionar”, declaró el funcionario. El secretario de Estado Colin Powell dijo después que en el informe no había ningún ultimátum. Pero Estados Unidos posee una lista de millonarios, sauditas en su mayoría, que se cree financian a Al-Qaida y Washington está buscando el modo de congelar su dinero. Además, varios sauditas ricos y prominentes son el blanco de una indemnización por 600.000 millones de dólares que reclaman los familiares estadounidenses de las víctimas del 11 de septiembre. Entre los mencionados en la demanda –que acusa a varios sauditas de financiar a la red Al-Qaida– figura el príncipe Turki Al Faisal, que el mes pasado fue designado como nuevo embajador saudita en Londres. Otra demanda estadounidense surgió de una investigación parlamentaria que asegura que algunos chicos con pasaporte norteamericano fueron secuestrados y llevados a Arabia Saudita contra su voluntad. El Comité de Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes estadounidense busca incluir en la demanda las declaraciones de Qorvis Communications, una firma de relaciones públicas y otras dos compañías contratadas por el gobierno saudita. “El corazón de esta investigación es la conducta criminal, en algunos casos apoyada por la embajada saudita”, dijo un comunicado de la comisión.
Aunque Osama bin Laden tiene cierto apoyo popular en Arabia Saudita, muchos sauditas rechazan por ridícula la idea de que miembros de la familia real financien a Al-Qaida. Uno de los objetivos originales de Bin Laden era destronar a la monarquía saudita.

*De The Guardian de Gran Bretaña, especial para Página/12.