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Hilda “Chiche” Duhalde recibió el informe y lo guardó, prudente, a la espera de su difusión oficial por parte del Ministerio de Salud en los próximos días. El documento, al que accedió Página/12, contiene las estadísticas de mortalidad infantil del último año, las que revelan un hecho dramático y a la vez escandaloso. La mortalidad infantil aumentó en 9 provincias, 4 de las cuales están manejadas por precandidatos a presidente o vice en las próximas elecciones. En La Rioja (Menem), Córdoba (De la Sota), San Luis (Rodríguez Saá) y Salta (Romero) crecieron las defunciones de niños menores de un año. Más allá del impacto de la crisis nacional, los datos muestran la responsabilidad a nivel local por muertes evitables con medidas focalizadas de protección social.
Las cifras de mortalidad infantil son elaboradas por la Dirección de Estadística e Información del Ministerio de Salud, en base a los certificados de defunciones oficiales de niños menores de un año. La publicación de las mismas es realizada siempre con un atraso considerable debido a las características de las fuentes primarias –los registros civiles de cada provincia–, como parte de las “estadísticas vitales”. Hasta hoy, el Ministerio sólo difundió oficialmente los datos correspondientes al año 2000. Pero los técnicos terminaron de procesar hace apenas dos semanas las tasas de mortalidad del año 2001, desagregadas, como siempre, por provincia. La información ya fue analizada, obviamente, por el ministro Ginés González García, que giró una copia a Chiche Duhalde. Ambos decidieron no agitar aún más el avispero político y esperar a la difusión oficial programada por Salud para los próximos días.
Los datos revelan que las responsabilidades por el crecimiento de la mortalidad infantil no terminan en la patética administración de Julio Miranda en Tucumán, sino que se extiende a otras 8 provincias: Formosa, La Rioja, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Salta y Neuquén.
La situación se vuelve todavía más significativa si se tiene en cuenta que tres de ellas son manejadas desde hace tiempo por sendos precandidatos presidenciales –Carlos Menem, José Manuel de la Sota y Adolfo Rodríguez Saá– y otra por el precandidato a vice de Menem, Juan Carlos Romero.
Nadie niega el impacto de la crisis nacional que vive el país sobre las familias más pobres y, en consecuencia, en las chances de sobrevivencia de sus hijos recién nacidos (ver aparte). Sin embargo, tampoco puede soslayarse la responsabilidad de los estados provinciales de proveer una red de protección en la crisis. De hecho, esas políticas locales explicarían en buena medida por qué la mortalidad no se incrementó en el resto de las provincias, así como tampoco, en promedio, a nivel nacional.
El panorama de las provincias donde se achicaron las probabilidades de vida de los niños es el siguiente:
Formosa: Es donde más creció la mortalidad infantil en el último año. Cada 1000 nacidos vivos, mueren 6 chicos más por año. La provincia gobernada por el justicialista Gildo Insfrán tiene los registros más altos del país: 29 muertes cada 1000 nacidos vivos, un registro similar al de los países más pobres de Centroamérica.
La Rioja: Formalmente administrada por Angel Maza, difícilmente el ex presidente Carlos Menem sea capaz de rehuir la responsabilidad sobre el (des)manejo provincial. Es uno de los territorios donde más creció la mortalidad. Cada 1000 nacidos vivos mueren dos chicos más.
Chaco: La provincia del radical Angel Rozas había logrado bajar en los últimos años sensiblemente la mortalidad infantil, pero el año pasado las cosas empeoraron. No casualmente, el martes renunció el ministro de Salud provincial, involucrado en un fraude por la compra de insumos hospitalarios.
Tucumán: Los números ratifican las imágenes que dieron la vuelta al país en los últimos días.
Santiago del Estero: En la provincia manejada tras bambalinas por el sempiterno Carlos Juárez también aumentó la mortalidad. Pero los índices oficiales son bajos debido a que es la provincia con mayor subdeclaración de defunciones. Un estudio del Cenep (Centro Nacional de Estudios de la Población) comprobó que la provincia de Juárez es donde más niños se entierran sin anotarlos en el Registro Civil.
Córdoba: La crisis que hiere la economía resulta más que visible en los indicadores sociales. No por casualidad es difícil rastrear una declaración del precandidato De la Sota referida a combatir la desnutrición y la mortalidad infantil antes de que el tema esta-llara en los medios nacionales.
San Luis: Los datos del Ministerio de Salud no coinciden con la provincia que Rodríguez Saá quiere mostrar como modelo para el país. Mientras el puntano se vanagloria de tener guardados 260 millones de dólares en el Banco Nación, en el último año se elevó la mortalidad infantil. Más aún, una fuente del Indec reveló a este diario un hecho insólito. Hace dos años, el entonces gobernador pidió a técnicos del organismo y del Ministerio de Salud, que están en contacto permanente, una modificación en los registros de mortalidad. Siguiendo las convenciones internacionales, las defunciones infantiles se asignan a cada provincia según la jurisdicción de residencia de la madre. Sin embargo, Rodríguez Saá pretendía que el fallecimiento fuera imputado al lugar donde ocurre, con el fin de descargar las cifras de su provincia y engrosar la de Mendoza, a cuyos hospitales migran para atenderse muchos puntanos.