A seis meses de asumir su nuevo mandato, Rafael Correa perdió a su primer ministro. Ayer el canciller ecuatoriano Falder Falconí presentó su renuncia tras recibir una crítica feroz del mandatario. Sin mencionar su nombre ni su cargo, Correa había defenestrado las negociaciones internacionales por el llamado proyecto Yasuní en su programa radial el sábado pasado. “Es vergonzoso”, había disparado sin disimular su enojo. Durante todo el año pasado Falconí se había puesto a la cabeza de un ambicioso plan: conservar bajo tierra cerca de 850 millones de barriles de petróleo a cambio de obtener un fideicomiso, nutrido por fondos internacionales y manejado por la ONU, para mantener en marcha proyectos de desarrollo e iniciar políticas medioambientales. El canciller había anunciado que había conseguido un poco menos de la mitad del dinero –más de 1700 millones de dólares–, pero las ofertas venían con condiciones; condiciones que el presidente Correa se negó a aceptar.

“Saben qué señores, vayan a mandar a su casa, cambien su donación en centavitos y pónganse en las orejas porque nosotros no vamos a recibir órdenes de nadie”, había retrucado a través de la radio el mandatario ecuatoriano. Según había explicado el presidente de la Comisión Técnica del proyecto Yasuní, Roque Sevilla, el lunes al anunciar su renuncia, Alemania, España y Bélgica estaban afinando los números para entregar una primera partida en tres meses de entre 970 y 1200 millones de dólares. Francia y Suecia, había agregado, estaban analizando sumar unos 530 millones de dólares. Según el plan original, el técnico aún tenía el resto del año para alcanzar la cifra final: 3500 millones de dólares.

El plan original también planteaba que los fondos eran una especie de recompensa para Quito por no explotar las reservas petroleras en Yasuní, un parque nacional declarado reserva mundial de la biosfera por la Unesco en la Amazonía ecuatoriana. El gobierno de Correa aceptaba perder 6000 millones de dólares por la explotación de 846 millones de barriles de petróleo y, así, ahorrarle al mundo la emisión de 407 millones de toneladas de dióxido de carbono.

Pero, según dejó entender el presidente Correa, los países donantes pidieron más. Reclamaron que fueran ellos los que tuvieran la última palabra en cómo se gastaba el fideicomiso, que luego sería ejecutado por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Los países donantes habían prometido millones de dólares, pero si eran ellos los que administrarían los recursos y los que calificarían los proyectos.

Esa fue la condición que Correa no aceptó. “Entiendan que los que más sacrificios estamos haciendo somos los ciudadanos de Ecuador. En cualquier parte del mundo hubieran explotado el petróleo”, había asegurado el presidente en su programa radial. “Estamos hartos de que nos traten como colonia, de que nos traten como inferiores”, sentenció. No dio por muertas las negociaciones, pero puso un plazo, junio próximo.

Sus palabras alcanzaron a las caras visibles del proyecto como balas. Primero cayó Sevilla, el jefe de la Comisión Técnica, y 24 horas después el máximo impulsor de la iniciativa, el canciller. Lo hizo sin confrontar con el presidente ni responder a sus críticas en la radio. Mantuvo silencio durante todo el día y recién confirmó su salida del gobierno, después de un año y un mes, a la tarde, a través de un comunicado.

El texto tenía un tono diplomático y moderado, aunque dejaba entrever la tensión entre Falconí y Correa. “La Iniciativa Yasuní merece un compromiso mucho más explícito, que la fijación de un plazo perentorio de seis meses para acopiar los recursos financieros requeridos. La trascendencia de la iniciativa es que, en su esencia, propone un cambio de forma de vida”, destacaba el ya ex funcionario.