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Por segunda vez en la semana, el ejército venezolano salió a apoyar al presidente Hugo Chávez en la pulseada cada vez más dura que tiene con la oposición. Y lo hizo por medio de una de sus figuras clave: el general Raúl Baduel, comandante de la IV División Blindada, que jugó un papel protagónico en la empresa de abortar el intento de golpe del pasado 11 de abril. Baduel, que rechazó los llamados a un nuevo golpe de Estado, dijo que “no sería descartable la actuación de la fuerza armada si se generaliza la violencia” en momentos en que la huelga general que ha paralizado la industria petrolera y amenaza detener la economía cumplía su decimoséptima jornada. Sin embargo, la gestión de Hugo Chávez sufrió un revés judicial con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de devolver el control de la policía metropolitana (PM) de Caracas a la Alcaldía Mayor, poniendo fin de la intervención militar ordenada por el presidente en septiembre. Todo esto en medio de un segundo “trancazo” de la oposición, con el cierre de algunas vías de Caracas para intensificar la protesta por la salida de Chávez.
El general Baduel aseguró que después de los sucesos del 11 y 12 de abril las filas castrenses están más apegadas a las leyes. También sostuvo que recibe llamados instándolo a un golpe de Estado “todos los días”, pero que los desecha. Su anuncio da un paso adelante en el apoyo que la fuerza armada dio a Chávez este lunes, frente a la endeble situación que vive Venezuela. El general censuró los intentos de sabotaje económico y defendió la legalidad de todas las acciones emprendidas por el Estado para recuperar de manos de los huelguistas las instalaciones y buques petroleros parados. Pero a Chávez se le abrió un nuevo frente de crisis cuando el TSJ declaró sin efecto el nombramiento de las nuevas autoridades de la Policía Metropolitana realizado por el gobierno y ordenó restituir la dirección del cuerpo policial al alcalde opositor Alfredo Peña. La Guardia Nacional (policía militarizada) tiene 15 días para abandonar los centros policiales que fueron tomados militarmente a raíz de la intervención. Chávez había ordenado la intervención de la PM luego de que un grupo de funcionarios afectos al gobierno mantuviera un conflicto interno en la institución, con enfrentamientos que dejaron varios heridos de arma de fuego.
El llamado “trancazo” de ayer fue convocado por la alianza opositora Coordinadora Democrática, como parte del plan de “radicalización” de sus acciones de calle, a fin de forzar la renuncia de Chávez o su compromiso para la celebración de elecciones en los próximos tres meses. Los efectivos de la policía dispersaron con bombas lacrimógenas y perdigones a personas que bloqueaban dos importantes avenidas en Caracas, Andrés Bello y Victoria. Además, los opositores se movilizaron en Maracaibo y en la zona petrolera vecina de Tía Juana (oeste) para respaldar el paro del monopolio energético estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). También en la capital, tres marchas lideradas por el sector universitario llamaron al presidente a “no interferir en una salida democrática de la crisis” y “no obstaculizar los esfuerzos” de la negociación que dirige el secretario general de la OEA César Gaviria para lograr una salida pacífica.
En el este de Caracas, los manifestantes bloquearon una de las principales autopistas de la ciudad, Francisco Fajardo, a pesar de la amenaza de simpatizantes del gobierno que se hicieron presentes. La movilización popular se mantiene de manera permanente desde que se inició la huelga el 2 de diciembre, convocada por 33 organizaciones civiles y políticas agrupadas en la Coordinadora Democrática con el apoyo de la mayor central obrera Confederación de Trabajadores y la central empresarial Fedecámaras. Carlos Fernández, líder de esta central, señaló que “estamos ante un gobierno castro-comunista, ante una persona dirigida como una especie de títere desde La Habana por Fidel Castro y todos los gobiernos democráticos del hemisferio lo tienen que tener claro”. El empresario también anunció una posible toma de Caracas o una gran marcha para tomar las autopistas. Pero no va a ser fácil. El ministro delInterior Diosdado Cabello señaló que “impediremos cualquier marcha que trate de llegar a Miraflores; el palacio es un área de seguridad”. A su vez acusó a los opositores de haber fracasado en su intento de paralizar el país y de buscar entonces fomentar la violencia y el golpismo.
Y la comunidad internacional mira con preocupación el escenario. Mientras el presidente electo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva enviaba a Venezuela a su asesor en asuntos internacionales Marco Aurelio García en una misión de buenos oficios, EE.UU. y Europa reclamaron ayer llegar a una solución “urgente”.