El Senado paraguayo otorgó media sanción a la ley “antiterrorista”, que contempla penas de entre 5 y 30 años de cárcel a quienes se los impute bajo esta calificación legal. El proyecto de ley es resistido por el oficialismo “luguista” (por el presidente Lugo), que se encuentra en minoría en el Congreso, y será remitido a la Cámara de Diputados para su aprobación, tras haber logrado 26 votos positivos en la Cámara alta contra dos negativos. El gobierno había retirado el 10 de diciembre último este anteproyecto del Senado, debido a la protesta de organizaciones sociales y de derechos humanos. El senador oficialista Carlos Filizzola denunció que esta iniciativa puede convertirse en un “cheque en blanco a cualquier juez para interpretar que hay algún deseo de generar violencia”. Además destacó que peligrosamente no queda definido qué conjunto de actos constituye el delito de terrorismo. El Senado dio curso a esta disposición ante la presión de organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). El gobierno de los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) fueron impulsores, también, de la puesta en vigencia de esta controvertida normativa ante la sospecha de que en la Triple Frontera se albergan y financian grupos fundamentalistas islámicos. En consonancia con estos reclamos, el senador impulsor de esta ley, Fernando Silva, se alegró: “De esta forma vamos a formar parte de nuevo de los países serios que combaten el terrorismo”.