La Justicia porteña suspendió la licitación lanzada por el gobierno de Mauricio Macri para contratar un servicio de cámaras electrónicas y vigilancia privada para 133 edificios de distintas reparticiones de la Ciudad, por más de 400 millones de pesos anuales. La licitación había sido cuestionada por un grupo de pequeñas y medianas empresas de seguridad que hoy prestan servicios para el Gobierno de la Ciudad: denunciaron que la convocatoria estaba hecha a medida de una gran compañía del rubro, según publicó Página/12 el martes último. Ese mismo día, desde el Ministerio de Hacienda porteño resolvieron frenar la convocatoria –armada a requerimiento del ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro– para estudiar sus términos. “Si hay irregularidades, la vamos a anular y a convocar a una nueva licitación”, dijo a este diario un funcionario de Hacienda.

Los sobres con las ofertas se iban a abrir el miércoles último, pero ese mismo día, el juez en lo Contencioso Administrativo Roberto Gallardo hizo lugar a la medida cautelar solicitada por una de las empresas afectadas, Federal Service SRL. El cuestionamiento central del recurso de amparo presentado por la compañía es la exigencia establecida en el artículo 25 del pliego, según la cual “será condición de admisibilidad de la oferta que del último balance presentado (por la oferente) se desprenda que las ventas o ingresos por servicios anuales no sean inferiores a 100 millones de pesos”.

Para el juez Gallardo, con ese requisito “las medianas empresas no podrían ofertar toda vez que nunca acreditarían ventas o ingresos” por esa suma, con lo cual “limitaría la cantidad de posibles oferentes a grandes empresas del ramo”. Asimismo, el juez considera que de la lectura de los pliegos “no se entienden los motivos que llevaron al Poder Ejecutivo de la Ciudad a imponer ese requisito de admisibilidad”.

Es cierto que el pliego admite que se presenten Uniones Transitorias de Empresas (UTE) que juntas podrían sumar el monto requerido. Pero el mismo pliego agrega otra limitación: en el caso de UTE, la suma de 100 millones debe ser el resultado de sumar la facturación de sólo dos de las empresas que la integran y no de todas.

La polémica en torno de la licitación ya había despertado contradicciones dentro del gobierno porteño. Es que, en principio, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia aseguraron que las respuestas a las consultas sobre la licitación debía darlas el Ministerio de Hacienda, mientras que desde esa cartera sostenían que ellos sólo habían participado en el procedimiento administrativo, pero que los requerimientos técnicos los había formulado el ministerio de Montenegro.

El gobierno de Mauricio Macri había lanzado el llamado a licitación hace quince días. Se trata de un contrato para dotar a escuelas, hospitales, centros de salud, Centros de Gestión y Participación y otras oficinas, de cámaras de seguridad, acompañadas por un sistema de monitoreo que funcionará en el sexto piso del Ministerio de Seguridad, en la Avenida Patricios, en Barracas. El sistema será monitoreado por efectivos de la Policía Metropolitana. Según fuentes del sector, el pliego habría sido redactado con el asesoramiento del directivo de una importante empresa –un hombre cercano al ministro Montenegro– que contaba con grandes chances de ganar la licitación.

El pliego admite cuatro ofertas: una para la instalación de las cámaras y el centro de monitoreo, y las otras tres para contratar personal de vigilancia para escuelas, hospitales y centros de salud, y otras dependencias, respectivamente. El contrato preveía unas 200 mil horas hombre por mes, lo que equivaldría a unos 1200 vigiladores. Su duración es de cuatro años, prorrogable por uno más, lo cual comprometería a la futura gestión de gobierno, que asumirá dentro de dos años. Luego de vencido el contrato, los equipos quedaban para la Ciudad.

Los empresarios que encabezan el cuestionamiento habían realizado presentaciones en la Legislatura y en la Defensoría del Pueblo porteño, en las que denunciaban “discriminación a las pequeñas y medianas empresas” y aseguraban que se favorecía a grandes empresas, entre las que mencionaron a Prosegur y Security.