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La Asamblea Legislativa de Bolivia, dominada por el oficialismo, aprobó una ley sobre autonomías que establece que los gobernadores pueden ser suspendidos de sus cargos si tienen acusaciones penales de jueces. La acusación más fuerte que pesa sobre los gobernadores de la llamada Media Luna es haber llevado adelante referéndums autonómicos en mayo y junio de 2008 declarados inconstitucionales por el Ejecutivo.

La norma que el presidente Evo Morales promulgará hoy establece que podrán ser suspendidos quienes sean procesados por un juez, aun sin llegar a sentencia. Contra el reelegido gobernador del departamento de Tarija (sur), el opositor Mario Cossío, hay 25 denuncias; contra el de Santa Cruz (este), Ruben Costas (foto), hay nueve, y en el caso de la máxima autoridad de Beni (nordeste), Ernesto Suárez, hay dos acusaciones. Una de las acusaciones contra Costas es por haber financiado en 2008 un referéndum sobre estatutos autonómicos, al igual que hicieron sus colegas en Tarija, Beni y Pando (norte), y que fueron procesos que Morales desconoció por considerarlos ilegales y separatistas.

El mandatario destacó a la prensa que la norma aprobada ayer en Diputados –después de que el Senado lo hiciera el viernes– es para que “no hayan nuevos corruptos” entre los nueve gobernadores del país. A su juicio, si los gobernadores opositores reelegidos están organizando movilizaciones contra la ley se les puede considerar como “corruptos confesos anticipadamente”.

En el mismo sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Héctor Arce, dijo que la ley, pese a lo que afirman sus detractores, permitirá luchar contra la impunidad y la corrupción, evitando que se usen recursos públicos para actividades que no están definidas por ley. “Pese a quien le pese, le duela a quien le duela, pese a sentimientos mezquinos, hemos dado un gran paso en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, afirmó Arce, tras dirigir una sesión pública de unas 20 horas ininterrumpidas en la Cámara baja. “Todos los gobernadores deben responder ante la Justicia si cometen delitos”, agregó. Por el contrario, los opositores señalaron que la ley atenta contra el mandato de las elecciones regionales, en las que candidatos de la oposición ganaron las gobernaciones de Tarija, Santa Cruz y Beni. Los comités cívicos de esas regiones iniciaron la semana pasada movilizaciones contra la norma y anunciaron que los próximos días seguirán con sus protestas porque consideran que también se están violando los procesos autonómicos en esos departamentos.

Todos los gobernadores elegidos en los comicios del pasado 4 de abril, los seis oficialistas que ganaron en La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Potosí y Pando, y los tres opositores citados, deben jurar sus cargos el próximo día 30.