Latinoamérica tuvo algunos logros en la batalla contra la impunidad. Sin embargo, el golpe de Estado en Honduras y las deudas pendientes de la Justicia siguen siendo alarmantes, denunció la organización Amnistía Internacional en su informe anual.

Amnistía Internacional presentará hoy en Londres su clásico informe, en el que documenta la situación de los derechos humanos en 159 estados, entre los que están los latinoamericanos. La organización surgida en los años ’60 documentó que en 111 países se registraron casos de torturas, en 55 juicios injustos y en más de 48 existen presos políticos. Según la publicación, América latina tuvo algunos avances, pero también se observaron los mismos retrocesos que caracterizan su marcha. El más grave vino de la mano del golpe de fines de junio del año pasado en Honduras. Desde que el presidente constitucional Manuel Zelaya fue arrancado del poder, ocurrieron graves violaciones de los derechos humanos que hasta hoy no han sido investigadas y mucho menos castigadas, subrayó la organización.

Del lado de los pasos hacia adelante, Amnistía Internacional reconoció como histórica la condena de 25 años a Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad cometidos en Perú. La sentencia escuchada en abril del año pasado al ex presidente por una serie de graves violaciones de los derechos humanos sucedidas en 1991 mostró por fin a toda la región que nadie estaba por encima de la ley. También, la organización con base en Inglaterra destacó las penas de prisión impuestas al dictador uruguayo Gregorio Alvarez (1981-1985) por el homicidio de 37 activistas en Argentina en 1978.

A pesar de la condena al ex presidente de facto, Uruguay estuvo dentro de los países –junto con Brasil y El Salvador– que recibieron una reprimenda por la persistencia de las leyes de amnistía, que obstaculizan la investigación y la condena de los crímenes cometidos por las dictaduras que plagaron la región desde la década de 1960 a 1980. “Brasil es prácticamente el único país de la región que no ha enfrentado su pasado”, sentenció Susan Lee, directora del programa América de AI. En abril de 2009, la Corte Suprema confirmó la ley del perdón para los represores de la dictadura (1964-85), La referente de la organización de derechos humanos remarcó la contradicción entre esta falta de búsqueda de justicia y el papel protagónico asumido por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en el ámbito internacional, como se comprobó en las últimas semanas con su mediación por la cuestión nuclear con Irán.

Amnesty rescató el papel que desempeñó la Justicia internacional en la disputa contra la impunidad. Además, saludó la ratificación por parte de Chile –el último país sudamericano que faltaba– del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y la expiración en noviembre de una salvedad formulada por Colombia, que permitirá a esa Corte investigar crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en ese país, de los que no faltan ejemplos en ese territorio. Lee hizo saber su preocupación por el caso colombiano. En el país de Alvaro Uribe, la principal víctima de los combates armados es la población civil, que sufre desplazamientos y asesinatos. “El nuevo gobierno, sea cual fuere, tiene que asumir el tema de los derechos humanos como una prioridad”, exigió la responsable del organismo en América latina. En Colombia se celebrará la primera vuelta de elecciones el próximo domingo.

Una vez más, Amnistía reiteró su preocupación por las desigualdades profundas y persistentes que atraviesan el continente, donde se estima que nueve millones de personas traspasaron el umbral de pobreza el año pasado. “En un extremo tenemos los poderosos, gobiernos, empresas o individuos que creen estar por encima de la Justicia, y por otro los sectores más vulnerables como los pueblos indígenas, la gente pobre y las mujeres que no tienen la posibilidad de reclamar que sus derechos sean respetados”, resumió Lee y ejemplificó con el caso de las mujeres y niñas que padecen la violencia de género.