El dictador uruguayo Gregorio “Goyo” Alvarez y el ex canciller Juan Carlos Blanco declararon ayer por un caso paradigmático del Plan Cóndor. Se trata del secuestro de dos menores que aparecieron en Chile, tras la desaparición en Argentina de sus padres, de nacionalidad uruguaya.

Alvarez, gobernante de facto entre 1981 y 1985, y el ex ministro de Exteriores llegaron en móviles policiales a prestar declaración indagatoria por el secuestro de Victoria y Anatole Julien, hijos de dos uruguayos desaparecidos. “Ni sé por qué estoy citado acá. Aclaro que yo no tengo ninguna participación en ninguna actividad represiva, ni en decisiones ni en planificación”, se atajó Blanco frente a la prensa.

La causa fue iniciada en abril de 2008 por Victoria Julien. Después de que la primera jueza “extraviara” la denuncia, el expediente cambió de juzgado y empezó a avanzar. Sin embargo, la causa aún está en una etapa presumarial, es decir, los represores sólo están siendo indagados y aún no hay ningún procesado por la sustracción de los hijos del matrimonio Grisonas-Julien.

La querella presentó un documento de junio de 1976, que daba cuenta de la coordinación represiva entre Argentina y Uruguay. Pero el ex canciller Blanco negó que se tratara de instrucciones para secuestrar y desaparecer en ambas orillas del Río de La Plata. Blanco dijo que ese télex sólo hacía mención a los mecanismos convencionales para una extradición. Enseguida, aprovechó el por entonces titular de la Cancillería para escudarse en su condición de civil y declararse ajeno a los crímenes de la dictadura uruguaya.

Alvarez también hizo gala del cinismo habitual. Dijo ante los abogados y funcionarios judiciales que se había enterado de la existencia de desaparecidos por la prensa. Pero, como novedad, se quejó porque el Ejército estaba “compartimentado”, aunque no explicó qué quiso decir con esa expresión. Además, el dictador aprovechó para cargar contra José Gavazzo, dejando al descubierto en los tribunales las internas militares, que generalmente son preservadas por los represores en medio de su pacto de silencio. Gavazzo coordinaba las acciones represivas con Buenos Aires y con Santiago de Chile.

Si bien no hay imputados aún en la causa, algunos pasos está dando el expediente de la mano del juez Alejandro Guido y de la fiscal Adriana Costa. Pero no hay demasiadas alternativas frente al silencio de los represores y a lo que la fiscal Mirtha Guianze llama las “islas de facto dentro del Estado de derecho”, que siguen manteniendo los archivos de la represión más secretos que nunca. “Hay información a la que el sistema judicial uruguayo no puede acceder”, denuncia a Página/12 el abogado Pablo Chargoñia, patrocinante de Victoria Julien. “Esto se debe a que falta una decisión política del Ministerio de Defensa nacional o a que el poder civil no tiene demasiada fuerza frente a un poder militar que aún sobrevive”. Chargoñia agrega: “También se sufren los ecos de la ley de impunidad, que hace que estén paralizadas otras causas que pueden estar conectadas con ésta”.

Como explicó el abogado, hay otros integrantes del Servicio de Información de Defensa (SID) que están yendo al juzgado en calidad de indagados. Blanco y Alvarez ya están en prisión por otros casos. El ex canciller fue condenado a fines de abril a 20 años de prisión por la desaparición y muerte en 1976 de la maestra Elena Quinteros. Pero el ministro de Relaciones Exteriores del régimen militar se encuentra en la cárcel desde 2006 por otros casos de violaciones a los derechos humanos. La última sentencia contra el dictador Alvarez fue dictada en octubre pasado, cuando lo condenaron a 25 años de prisión por el asesinato de 37 opositores en 1977 y 1978.

El secuestro de los hermanos Julien es uno de los casos más aberrantes y paradigmáticos de la Operación Cóndor. El padre de los chicos, Roger Julien, era dirigente del uruguayo Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), pero fue asesinado en Buenos Aires y su cuerpo nunca apareció. Su esposa, Victoria Grisonas, había intentado escapar con el nene de cuatro años y la nena de un año. No lo logró: fue herida y trasladada con sus hijos al centro clandestino de detención Automotores Orletti. Anatole recuerda haber pasado por allí. Después, los niños fueron llevados a Montevideo y, según testigos, pasaron un tiempo en el SID, en donde el varón recuerda haber jugado con el represor Gavazzo (El País, marzo 2009). Luego, los subieron a un avión de línea hasta Chile. A fines de noviembre de 1976, Victoria y Anatole fueron encontrados en una plaza de Valparaíso y adoptados por una familia. Victoria, principal impulsora de la causa, recién se enteró de su historia a los nueve años. Todavía resta mucho por saber y mucho más para que la Justicia haga lo que debe hacer.

Informe: Luciana Bertoia.