El gobierno uruguayo estudia 640 solicitudes de reconocimiento y reparación de víctimas de las denominadas “actuaciones ilegítimas del Estado” entre 1968 y 1985, informó el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich. “Un número importante de casos han sido resueltos, en particular los referidos a personas nacidas en cautiverio o que estuvieron privadas de libertad por más de 180 días, así como también casos de personas que sufrieron lesiones gravísimas”, subrayó Ehrlich en el Consejo de Ministros. En efecto, una ley promulgada en septiembre de 2009 “reconoce la responsabilidad del Estado en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial” entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973. Asimismo admite “el quebrantamiento del Estado de derecho que impidiera el ejercicio de derechos fundamentales a las personas, en violación a los Derechos Humanos” desde junio de 1973 hasta febrero de 1985.