Tras un mes y medio de fuerte presión internacional, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu tuvo un gesto con Barack Obama esta semana. Durante su visita a Washington prometió discutir los asentamientos en territorios ocupados, si la Autoridad Palestina reabría el diálogo con su gobierno. Desde Ramalá le respondieron invirtiendo los términos de su propuesta. “En el mismo minuto en el que el gobierno israelí anuncie el congelamiento de los asentamientos, nosotros volveremos a las negociaciones directas”, contraatacó el presidente palestino Mahmud Abbas. Hace 17 años, cuando se firmaron los Acuerdos de Oslo, los dos temas que frenaban cualquier posibilidad de paz eran Jerusalén y la situación de los refugiados palestinos en el exterior (la ONU ya estima que son más de 4,5 millones incluyendo a los hijos y nietos de los que huyeron en 1948). Hoy la expansión sistemática de los asentamientos en territorios ocupados levantó otro muro dentro del proceso de paz, que será muy difícil de franquear.

Mientras el mundo esperaba con ansias los resultados de la reunión Netanyahu-Obama en la Casa Blanca, en Jerusalén la organización de derechos humanos israelí B’Tselem echaba por tierra las ilusiones. Bajo el título “By hook and by crook: Israeli settlement policy in West Bank” (Por izquierda o por derecha: la política israelí de asentamientos en Cisjordania), la ONG denunció que para mediados de este año más del 42 por ciento de ese territorio palestino estaba ocupado por unos 200 asentamientos israelíes. Algunos son legales (según la ley israelí), otros ilegales y otros son considerados como barrios anexados a la municipalidad de Jerusalén, o sea, anexados al territorio del Estado israelí. En total, de una población israelí de más de siete millones, alrededor de medio millón son colonos.

En 2005 el entonces primer ministro israelí Ariel Sharon había ordenado tirar abajo todos los asentamientos de la Franja de Gaza, sacar por la fuerza a los colonos que se habían instalado en ese territorio palestino y retirar a los soldados, al menos hasta las fronteras, que aún hoy siguen controlando. No le fue gratuito. Las imágenes de jóvenes conscriptos israelíes arrastrando por el suelo a padres y esposos de su misma edad junto con sus hijos y sus mujeres tuvieron un gran costo político dentro del país para Sharon. En el exterior, en cambio, el líder cosechó sólo halagos. Mientras la comunidad internacional celebraba lo que consideraban un gesto de buena voluntad del gobierno israelí, en Cisjordania la historia era muy diferente para los colonos y los palestinos.

“Israel utilizó falsos reclamos de ‘necesidad militar’ o ‘necesidad pública’ para justificar la apropiación de tierras para asentamientos. También distorsionó la Ley de Tierras otomana (del antiguo imperio que dominó la región hasta el fin de la Primera Guerra Mundial) para poder declarar como ‘tierra fiscal’ a cientos de kilómetros cuadrados, algunos de ellos propiedad privada de palestinos. Más aún, el Estado evita sistemáticamente imponer la ley sobre los colonos que se apropian de las propiedades privadas de los palestinos”, denunció el informe presentado esta semana.

B’Tselem, una organización a la que el gobierno israelí le reconoció varias de las denuncias que realizó sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas durante la última invasión a Gaza, esta vez recopiló datos de informes oficiales del Estado israelí de los últimos años y las principales denuncias de otras organizaciones de derechos humanos, locales e internacionales. El informe se centró en exponer y describir las diferentes gambetas legales que, sostuvo, viene utilizando el Estado israelí para desconocer los derechos de los palestinos sobre las tierras en Cisjordania.

Una de las más simples, explicó la ONG, es declarar el terreno en cuestión como una tierra fiscal. La ley (una mezcla de derecho israelí, las antiguas reglas jordanas y hasta algunas normas del antiguo imperio otomano) establece que las apelaciones deben ser presentadas dentro de los 45 días. Pero como la llamada Administración Civil de las fuerzas ocupadoras no le avisa a los palestinos que ocupan esa tierra del reclamo, el plazo se les vence y con él cualquier posibilidad de recuperar su tierra. Además el comité que se ocupa de revisar las decisiones sobre la distribución de tierras puede desechar un reclamo de los antiguos dueños, en este caso los palestinos, si se demuestra que los colonos compraron la tierra de “buena fe” y se verifica que ya comenzaron la construcción de sus hogares.

La ayuda oficial a los colonos no se queda sólo en artilugios legales; llega de muchas maneras a Cisjordania, según B’Tselem. El Estado de Israel clasificó a la mayoría de los asentamientos en ese territorio ocupado como Area Nacional Prioritaria. En otras palabras, una zona que goza de beneficios especiales como préstamos y descuentos para la construcción de viviendas (en algunos casos aun cuando son ilegales), incentivos educativos como becas para los estudiantes y mejores sueldos y programas jubilatorios para los maestros, exenciones para las industrias y financiamiento especial para proyectos agropecuarios, los más importantes en esta región. Según el centro de investigación Adva, entre los años 2000 y 2006 las inversiones gubernamentales destinadas a infraestructura y programas sociales en los territorios ocupados –Cisjordania, la Franja de Gaza y las Alturas del Golán– superaron en más de un 50 por ciento a las efectuadas dentro de Israel.

La posición oficial expresada en la página web de la Cancillería israelí es que la migración de miles y miles de personas a los territorios ocupados es espontánea, impulsada sólo por la iniciativa personal de los colonos. En otras palabras, no es una política de Estado que el gobierno pueda suspender sólo aplicando voluntad política. Sin embargo, los mapas oficiales de Cisjordania obtenidos por B’Tselem insinúan que la responsabilidad estatal es mucho mayor de lo que se informa.

La realidad de los asentamientos estuvo presente siempre en las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos. Sin embargo, hasta el derrumbe final de los Acuerdos de Annapolis, impulsados por el ex presidente George W. Bush en 2007, Tel Aviv prometía –aunque no cumplía– la suspensión de la construcción y expansión de las colonias israelíes en los territorios ocupados. En los últimos años, especialmente después de la invasión de Gaza a finales de 2008 y con la victoria electoral de la derecha en 2009, el gobierno sacó prácticamente el tema de la mesa de negociación. El desaire durante la visita del vice norteamericano Joe Biden, cuando se anunciaron más construcciones para colonos a pesar de los pedidos explícitos y públicos del funcionario norteamericano, fue una prueba más de que, lejos de haber avanzado en las últimas dos décadas con las hojas de ruta diseñadas en Washington, el conflicto israelí-palestino cada vez se enreda y traba más.