El juez español Baltasar Garzón aseguró ayer que Colombia debe iniciar cuanto antes los juicios por violaciones de los derechos humanos en ese país y compensar a sus víctimas, puesto que si no ocurre, la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, “obviamente, intervendrá”.

Suspendido en su país por intentar investigar al franquismo, el reconocido magistrado español expresó su preocupación por la situación de las víctimas del conflicto colombiano en un seminario en Madrid. “Colombia tiene una voluntad clara de abrir los juicios y resarcir a las víctimas del conflicto, pero no acaba de iniciarlos y ante esta situación la CPI tendrá que decir algo, habrá denuncias y tendrá que decir si la actitud de Colombia es suficiente”, afirmó. Y agregó que, si no es así, la Corte “obviamente intervendrá”.

Garzón abogó por la posibilidad de realizar juicios parciales en lugar de juzgar de golpe a todos los implicados en graves delitos y poder juzgar a algunos implicados en función del grado de actuación, ya que “lo importante es que se juzgue y esa condena sea efectiva”.

El afamado juez insistió con su argumento. “Una ley transicional de justicia abreviada tiene un componente de visualización para la sociedad en general para que tenga credibilidad. La sociedad tiene que ver al criminal confesando sus crímenes y que haya una sentencia, si no, siempre habrá muchas dudas, incluidas las mías.”

Garzón se expresó de esta manera en su intervención en un curso sobre la situación provocada por la violencia en el país sudamericano y el proceso de desmovilización de guerrilleros y paramilitares al amparo de la Ley de Justicia y Paz colombiana.

Según datos de la Fiscalía General de Colombia, hasta el primero de mayo pasado se habían registrado ante el organismo como víctimas de la violencia en el país 288.816 personas. Además, de acuerdo con los datos del Alto Comisionado para la Paz, entre 2002 y lo que va de 2010, un total de 53.659 guerrilleros y paramilitares han sido desmovilizados al amparo de la legislación aprobada en 2005, culminando un proceso que el presidente colombiano Alvaro Uribe había emprendido en 2002.