Los sectores más conservadores y ultracatólicos de Bariloche buscan la destitución del juez Martín Lozada, por el aval que dio a la realización de un aborto no punible reclamado por una adolescente que había denunciado una violación. El Consejo de la Magistratura de la provincia analizará mañana si abre la instancia de juicio político contra el magistrado, con reconocida trayectoria en defensa de los derechos humanos y perfil garantista. Pero el principio de neutralidad no estaría asegurado: entre los integrantes del órgano están el camarista que firmó la anulación del fallo de Lozada, Alejandro Ramos Mejía; su hijo (y homónimo), Alejandro Ramos Mejía, y la abogada Dolores Mazzante, quien fue socia durante muchos años de Diego Breide, el militante ultracatólico que conduce el Colegio de Abogados local, es letrado de la organización “pro vida” Gravida y fue quien pidió el jury.

Organismos de derechos humanos salieron a cuestionar el proceso. “Es la primera vez que se propone una medida de este nivel cuando hay casos gravísimos de mal desempeño que no han sido puestos bajo la lupa. Es inaceptable la distinta vara y pone sobre la mesa que no hay igualdad y por lo tanto no hay justicia”, señaló a Página/12 Mara Bou, de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche.

Lozada se expidió en el caso de aborto no punible el 5 de abril. El expediente fue iniciado a partir de una presentación del director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro, Miguel Angel de la Cruz, quien pidió al juez que se pronunciara si el caso encuadraba en los supuestos de no punibilidad, después de que en el hospital de El Bolsón se habían negado a realizar la práctica a la adolescente, de 17 años, identificada como T. N. Desde que firmó el aval al pedido de T. N., Lozada empezó a recibir amedrentamientos institucionales informales, hasta la amenaza de jury. El presidente del Colegio de Abogados, representante legal de la organización “pro vida” y ministro de la eucaristía, salió públicamente a exigir su renuncia. Finalmente hizo el pedido formal. Dos días después del fallo de Lozada, T. N. fue sometida a una interrupción de embarazo en un hospital público.

En un principio, el Colegio de Abogados local había pedido al Consejo de la Magistratura que fueran investigados todos los funcionarios judiciales que intervinieron en el expediente del aborto no punible, es decir, además de Lozada, quien fue el juez de primera instancia, los defensores y camaristas. Pero luego el órgano apuntó y focalizó sus dardos contra Lozada, el mismo juez que en un primer momento procesó por “homicidio agravado” al cabo de la policía sospechoso de haber asesinado al joven Diego Bonnefoi, y cuyo fallo fue también anulado, en ese caso por la Cámara Segunda del Crimen de Bariloche.

El pedido de jury se fundamenta en las supuestas deficiencias técnicas de la instrucción llevada adelante por Lozada. Puntualmente se le achaca haber autorizado el aborto a T. N., cuando la Cámara del Crimen no había resuelto la apelación presentada por la defensora de Menores Paula Bisogni. Es decir, para el Colegio de Abogados, el magistrado ya no tenía jurisdicción sobre el expediente al momento en que avaló la interrupción del embarazo, en los términos del artículo 86 del Código Penal.

Ese fue el fundamento central de la anulación del fallo de Lozada, que dictó la Cámara Primera del Crimen de Bariloche, siete días después de practicado el aborto no punible. Uno de los camaristas que firmaron esa sentencia es Ramos Mejía, quien juzgará nuevamente la actuación de Lozada en el marco del Consejo de la Magistratura. Otro de los camaristas, Alfonso Pavone, tal como reveló en su momento Página/12, es otro conocido activista católico, con rango de ministro de la ecauristía, que los domingos suele entregar hostias a los fieles que comulgan en la iglesia de la Inmaculada Concepción de la ciudad rionegrina. En su voto, Pavone fue claro sobre la intención de la Cámara de adoctrinar con esa sentencia a los jueces inferiores para evitar que avalen, como hizo Lozada, la realización de abortos no punibles.

Si el jury prospera, la lección que pretenden dar los sectores más conservadores alineados con la Iglesia Católica en Río Negro será ejemplar.

El proceso es apresurado. Todavía no está firme la anulación del fallo de Lozada, dado que el defensor Manuel Cafferata interpuso un recurso de apelación. El caso está ahora en manos del Superior Tribunal de la provincia. Un primer estudio sobre una muestra de restos genéticos del feto de T. N. no coincidió con el ADN ni del tío ni del padre de la joven, acusados de haber abusado sexualmente de ella. Pero la representante legal de la chica, Marina Schifrin, pidió la nulidad del examen y su repetición: sostuvo que no se siguió la cadena de custodia de la muestra que llegó al laboratorio del Departamento de Huellas Genéticas de la UBA, a cargo del análisis. Todavía tiene que expedirse el asesor de menores; el fiscal ya le dio el aval al planteo.

El futuro de Lozada está en manos del Consejo de la Magistratura. La sesión de mañana estará presidida por el titular del órgano y presidente del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Hugo Sodero Nievas. Integran el cuerpo además, el camarista Ramos Mejía, los abogados Enrique José Mansilla, Dolores Mazzante y Ramos Mejía (h), y los legisladores Nelly Meana, Iván Lázzeri y Silvina García Larrauburu.

Ramos Mejía padre sabe bien de qué se trata un juicio político. Según recordaron fuentes de los tribunales de Río Negro, en 1994 fue denunciado por sus colegas por no asistir a las audiencias de juicio fijada por la Cámara. Pese a que fue intimado en varias ocasiones a ir a trabajar, hizo caso omiso. Se le inició un sumario que desembocó en un jury y fue condenado a tres meses de suspensión de su labor de juez sin goce de sueldo. Fue Ramos Mejía quien tuvo a su cargo la redacción del voto rector de la sentencia que declaró la nulidad del fallo de Lozada. Estará en compañía de su hijo, miembro del Colegio de Abogados, y de Mazzante, ex socia en el bufete del ultracatólico Breide.