La reunión fue menos traumática de lo que muchos diputados preveían. Aunque hubo algunos pases de facturas y chicanas, la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos de la Cámara baja aprobó los dictámenes del arco opositor para crear tres comisiones especiales investigadoras sobre la deuda externa, el funcionamiento de la Oficina de Control Comercial Agropecuario (Oncca) y el seguimiento de las obras públicas de la Nación. El kirchnerismo sorprendió a los legisladores opositores con su decisión de adherir a la investigación de la deuda pública, pero también planteó su disidencia con algunas de las atribuciones otorgadas a la comisión que, a su juicio, corresponden a la Justicia.

“Tomemos esto como una causa patriótica. Es inadmisible que nadie la haya investigado, pese a la investigación y la denuncia de Alejandro Olmos y a la sentencia del juez federal Alejandro Ballesteros, que dictaminó que la mitad de esa deuda es ilegítima”, dijo Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur), encargado de fundamentar el pedido de abrir una comisión para examinar la deuda externa. El proyecto de cabecera del dictamen fue el presentado hace tiempo por Eduardo Macaluse (SI), al que se sumaron también las propuestas de Mónica Fein (PS) y Fernanda Reyes (CC).

Para Macaluse, “la deuda externa es el cepo que impuso la dictadura cívico-militar al avance económico de los futuros gobiernos democráticos que vinieran. Olmos y Ballesteros demostraron 477 delitos en la valoración y conformación de la deuda externa. Para quienes dicen que se trata de un tema viejo, hay que ver en el presupuesto de cada año lo que se destina a pagar vencimientos de la deuda, que llegan hasta el 2081”.

El proyecto plantea investigar el origen de las acreencias financieras del Estado, los traspasos de pasivos privados al Tesoro Nacional, las operaciones de venta de activos del Estado con títulos públicos, sobre todo privatizaciones de empresas públicas, y las estatizaciones de empresas privadas, la responsabilidad de los funcionarios y las refinanciaciones y reestructuraciones de la deuda pública.

La iniciativa tenía el apoyo de varios bloques opositores, mientras que otros solo lo aceptaron como una concesión a Proyecto Sur, para que el interbloque de centroizquierda también acompañe con las firmas de sus diputados la creación de otras comisiones investigadoras. Claro que, en los cálculos opositores, no figuraba la posibilidad de que el kirchnerismo se sumara al respaldo, como ocurrió.

“Venimos del default, de la cesación de pagos por la claudicación de gobiernos que no han sido víctimas de la deuda, sino cómplices. No queremos más gobiernos subordinados a los organismos multilaterales de crédito y de los bancos”, sostuvo el misionero Juan Manuel Irrazabal para anunciar la adhesión del oficialismo al proyecto.

El kirchnerista Remo Carlotto también respaldó el proyecto, asoció la deuda a la dictadura y a sectores empresarios y, sin nombrarlo, le apuntó al Grupo Clarín: “La complicidad civil que también le sirvió para la apropiación de Papel Prensa”, y se refirió a “grupos empresarios vinculados a apropiación de menores, beneficiados con la estatización de su deuda privada”.

Sin embargo, los oficialistas afirmaron que acompañarán el proyecto con algunas disidencias porque la comisión “se adjudica atribuciones que le corresponden a la Justicia”. “La comisión no puede ordenar allanamientos, secuestro de documentación y careos”, agregó Gerónimo Vargas Aignasse. El kirchnerista tucumano tampoco perdió la oportunidad para interpelar el comportamiento opositor de “emplazar” a la comisión a funcionar “sin reconocer el trabajo realizado”. Incluso, como presidente de la reunión, Vargas Aignasse chicaneó a los opositores pidiendo permiso para que el oficialismo pudiera expresar su opinión sobre la investigación de la deuda.

Antes, los opositores habían interrumpido a Vargas Aignasse para imponer la agenda prevista en el emplazamiento votado en el recinto, que contemplaba una veintena de proyectos para conformar al menos una docena de comisiones investigadoras, aunque ayer solo priorizaron tres de ellas. Además de la deuda externa, las que investigarán las obras públicas nacionales y a la Oncca, sospechadas –según la oposición– “de hechos de corrupción”. Las dos últimas comisiones no contaron con respaldo oficialista. Ahora, la conformación de las tres comisiones deberá atravesar la aprobación en el recinto. La condición de comisiones investigadoras especiales las habilita para actuar solo en la Cámara de Diputados, ya que ninguna de ellas –a propuesta de la oposición– tendrá carácter bicameral, por lo cual no pasará por el Senado ni estará integrada por senadores.