La Defensoría del Pueblo porteña reclamó el retiro de las vallas policiales que, desde hace nueve años, dividen en dos la Plaza de Mayo. Lo hizo a través de una nota dirigida, primero, a la Policía Federal y luego al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak. “La valla impide la libre circulación de peatones, menoscaba el valor patrimonial de la Plaza y constituye un elemento antiestético en uno de los lugares más visitados de Buenos Aires”, dijo a Página/12 el defensor adjunto Gerardo Gómez Coronado, para quien ya no existen razones que justifiquen la presencia de esa barrera metálica.

“En un principio, su existencia pudo haber estado justificada por la necesidad de evitar el acercamiento (de manifestantes) a la Casa de Gobierno, pero en 2007 se colocó una reja perimetral que coincide con el trazado de la calle Balcarce”, que de hecho oficia como protección de la fachada de la Casa Rosada, argumenta Gómez coronando su presentación.

Las vallas fueron instaladas después de las jornadas de diciembre de 2001, cuando una protesta popular derivó en la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. A esos episodios aludió el comisario general Gustavo Carca, superintendente de Seguridad Metropolitana de la Federal, cuando el 10 de mayo último explicó ante la Defensoría por qué se mantenía el vallado en la Plaza. “Por directivas de las autoridades nacionales de dicha época, entiéndase el gobierno nacional, se implementó el actual perímetro de seguridad de la Casa de Gobierno mediante la disposición de un vallado”, explica el comisario Carca. Y agrega que “hasta el momento no se han recibido directivas para que se proceda a su levantamiento”.

Un relevamiento realizado por personal de la Defensoría del Pueblo permite describir el “emplazamiento de setenta vallas metálicas, todas pintadas de color azul, cada una de 2 metros de ancho por 2 metros de altura, localizadas desde el extremo de Hipólito Yrigoyen, cruzando la Plaza de Mayo, sus veredas perimetrales, internas y sectores de espacios verdes, al opuesto en la calle Rivadavia, delineando un tramo de 150 metros de largo”.

“Las directivas a las que alude el superintendente de Seguridad Metropolitana deberían ser impartidas por el ministro de Justicia”, dijo Gómez Coronado a este diario. Por esa razón, la Defensoría decidió elevar una nota al titular de esa cartera, Julio Alak, para solicitar que considere el retiro de las vallas existentes en la Plaza de Mayo”. Desde el ministerio no hubo respuesta.

En los fundamentos, el defensor adjunto recuerda que entre 1803 y 1805 “se construyó una recova que dividió la Plaza en dos, y que fue demolida en 1884, con lo cual la plaza quedó unificada”. Agrega que fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1942 y que está emplazada en el Area de Protección Histórica APH1, afectada a protección ambiental en el Código de Planeamiento Urbano. En esa norma se dice que en la Plaza “solo se permitirán trabajos de conservación y mantenimiento de los elementos preexistentes”, por lo que “todo proyecto modificatorio deberá contar con un visado del Consejo (de Planeamiento Urbano) y aprobado por ley”.

“Hasta la fecha –aclaró Gómez Coronado– no ha sido sancionada legislación alguna que, cumplimentando lo establecido por el Código, convalide la existencia de las vallas policiales.”