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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ya tiene el control absoluto de la Corte Suprema del país centroamericano, publicó ayer el diario El País de España. El martes, los jueces sandinistas de la Corte destituyeron a siete magistrados liberales y nombraron en sus cargos a sustitutos que desde ahora podrán resolver sentencias pendientes, entre ellos un cuestionado fallo que permitiría la reelección del presidente Ortega, prohibida por la Constitución. Para los analistas, la destitución de los jueces liberales es el golpe de gracia al tambaleante sistema institucional nicaragüense.

Según el matutino, la del martes fue una sesión surrealista en la sede del Supremo nicaragüense, que está compuesto por 16 magistrados. Los jueces, de tendencia sandinista, se reunieron con una decena de candidatos para sustituir a sus compañeros liberales. Como si de una lotería se tratara, la presidenta temporal del Supremo, Alba Luz Ramos, pidió a dos de los periodistas que cubren los trabajos de la Corte que sacaran de una tómbola de madera siete números que correspondían a los jueces que serían electos. De esta manera tan original, los magistrados sandinistas impusieron a los llamados conjueces, cinco sandinistas y dos liberales.

El País continúa: “La convocatoria de los conjueces es una arbitrariedad, no tiene fundamento jurídico. La Corte Suprema se ha convertido en el centro de la arbitrariedad en Nicaragua: se integran las salas como les da la gana, llaman a quien les da la gana, pasan por encima de las leyes y la Constitución. La mayoría de los magistrados tiene una preocupación: conseguir mayores grados de legitimidad política para la reelección del presidente”, dijo el experto Gabriel Alvarez.

El Supremo de Nicaragua estaba hasta ahora compuesto por ocho sandinistas y ocho liberales por un acuerdo sellado hace más de 10 años por el entonces opositor Daniel Ortega y el ex presidente Arnoldo Alemán. La Corte entró en crisis en enero, cuando Ortega emitió un cuestionado decreto con el que ordenaba a una veintena de funcionarios mantenerse en sus cargos a pesar de que había expirado su período constitucional. Entre ellos estaban tres magistrados del Supremo: dos sandinistas y un liberal. Los magistrados sandinistas se ampararon en el decreto, y desde entonces los liberales se han negado a participar en las sesiones para no legitimar el llamado “decretazo” de Ortega.