La senadora colombiana Gloria Inés Ramírez estuvo en Buenos Aires participando del Foro de Sao Paulo (FSP), espacio que reúne a las fuerzas progresistas de la región y que concluyó el viernes pasado. En diálogo con Página/12, la integrante del centroizquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) se refirió al nuevo gobierno de Juan Manuel Santos, a la herencia de Alvaro Uribe y a la situación de los derechos humanos en Bogotá.

–¿Qué cambios nota entre la gestión de Uribe y la flamante de Santos?

–Santos llega al poder con una mayoría muy fuerte, consolidando a toda la derecha. Significa la continuidad de las políticas del presidente Uribe, como la política de la seguridad democrática y de la famosa cohesión social, que es la cuestión asistencialista que les posibilitó seguir en el poder. Por otra parte, fueron tan deplorables la acción y la actitud de Uribe frente a la oposición que pareciera que Santos fuera bueno. Pero no, nosotros lo que tenemos claro es que hay un cambio de estilo y va a haber rectificaciones. Por ejemplo, para Colombia era insostenible mantener rotas las relaciones con Venezuela. No sólo por sus problemas de comercio sino porque los pueblos nuestros son pueblos hermanos, que se integran por naturaleza. Nosotros saludamos ese restablecimiento de relaciones y lo que pensamos es que hay que trabajar para que sean permanentes. De igual manera nuestras relaciones con Ecuador.

–¿Cómo evalúan desde el Polo Democrático la presencia de las bases militares norteamericanas?

–Colombia hoy está siendo cabeza de lanza para la paz de la región. Tenemos grandes preocupaciones sobre la connivencia y las tensiones que han vuelto a surgir por la presencia de las bases militares. Sobre la base de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, lo que se está generando es una intervención y, sobre todo, una amenaza para la región. Ante el Senado, planteé que ese convenio firmado con los Estados Unidos es altamente inconstitucional porque cambia sustancialmente los puntos acordados y no pasó por el Congreso de la República.

–¿Cómo evaluó la decisión de la semana pasada de la Corte colombiana que giró al Congreso el aval del acuerdo militar con Estados Unidos?

–Yo estoy muy contenta porque la Corte Constitucional ha planteado una ponencia negativa. Sí, mantiene las bases por un año pero planteando que tiene que pasar por un nuevo acuerdo en el Congreso. Aunque el gobierno tiene mayoría en el Congreso, el debate nos da la posibilidad de mirar si queremos presencias militares en nuestro país porque eso va abiertamente contra la Constitución política nacional.

–¿Qué le pareció la inicial propuesta de diálogo de Santos con las FARC?

–Colombia no puede seguir en guerra. Hemos saludado que el presidente haya dicho que deja abierta la llave para la paz. Eso implica crear un clima para la paz en la región y trabajar para que haya un diálogo entre los sectores en conflicto, es decir entre las FARC y el gobierno. Además, implica trabajar para que se aplique el principio de distinción entre civiles y combatientes, que se acabe con la práctica del secuestro y que se acabe con la utilización de menores. Hay que abrir el camino hacia la posibilidad del acuerdo humanitario, que aunque no termina el conflicto, sí permite que se apliquen las normas internacionales.

–¿Qué pasó con esas posibles negociaciones después del atentado al edificio de Radio Caracol, ocurrido días atrás?

–Cada vez que se habla de un proceso de diálogo o de un clima distinto, aparecen hechos como éste, que buscan desestabilizar. En un momento en que las mismas FARC se han pronunciado por la posibilidad de iniciar un diálogo, aparecen hechos como el del carro bomba. Lo que a uno le parece es que son fuerzas que no están interesadas en que Colombia se abra a la paz. Hay que trabajar hacia una salida política de ese contexto, no hay otra. Ahora, nosotros pensamos que hay una oportunidad y nos parece importante que esa llave que el presidente dice tener se gire. Pero para que efectivamente podamos avanzar tiene que ir acompañado de políticas estructurales, por ejemplo con el problema de la tierra.

–¿Cómo sigue actuando la parapolítica en Colombia?

–A pesar de que digan que se acabaron los paramilitares, todos sabemos que ahí están. Las cúpulas fueron atacadas pero los mandos medios están funcionando. El presidente Santos fue ministro de Defensa de Alvaro Uribe Vélez, o sea que los falsos positivos y todos estos crímenes tienen alguna articulación directa. Durante la campaña, aunque ellos dijeron que no, todos sabemos que en el nuevo movimiento que apareció en escena, el Partido de Integración Nacional, se reciclaron todos aquellos que venían de la parapolítica. Se satanizó la parapolítica pero admitieron el reciclaje que se hizo y ésta sigue vivita y coleando.

–¿Qué pasó con el cementerio clandestino de NN encontrado en La Macarena, departamento de Meta?

–Como senadora, hice una convocatoria a una audiencia pública para escuchar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en los llanos orientales y concretamente en La Macarena. Escuchamos allí más de 58 testimonios. En este cementerio están también personas que fueron víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, lo que se llama eufemísticamente falsos positivos. No puede ser que en Colombia estén hoy los cementerios clandestinos pululando, donde están las víctimas del combate y de los desaforos del ejército. Lo que plantean las comunidades es que transportaban por avión los cuerpos desde otra región.

–¿Por qué ese cementerio en ese lugar?

–Esto se da en el marco de una zona que está altamente militarizada porque ahí se ejecuta el Plan Colombia y el Segundas Bases, que es el plan de consolidación territorial. Ahí están los recursos del dinero de cooperación de los Estados Unidos. Por eso, he convocado en el Senado al debate público para el martes para tratar lo que ha pasado en La Macarena. Pero hay más de 33 cementerios clandestinos con cuerpos llevados por el ejército colombiano.

–¿Qué respuesta dio el gobierno frente a estas denuncias?

–En su última salida, Uribe fue a La Macarena y delante de sus tropas nos ha declarado como voceros del terrorismo y eso nos vuelve objetivo militar ante las tropas. Ese es el nuevo sello que nos han dado. Si terrorista significa denunciar los atropellos de las víctimas y estos cementerios, pues entonces lo vamos a ser.

–¿Cuál es la situación de la oposición en Colombia?

–El gobierno de la Unidad Nacional, cuando agrupó a toda la derecha a su favor, no quedó sino el PDA como oposición. Estamos ante una ofensiva muy grande de la derecha. El Polo Democrático fue el blanco de ataque del ex presidente Alvaro Uribe. Había planes de la inteligencia militar y desde la Casa de Nariño para trabajar por la liquidación del Polo. Planes como hostigamientos a todas nuestras actividades, planes para vincularnos con los grupos al margen de la ley, planes para afectarnos en nuestra vida familiar. Había todo un plan en marcha para desestabilizar al Polo, insertar en el imaginario colectivo que el Polo es igual a cualquier fuerza corrupta, clientelista y ligar en el imaginario de la gente que el Polo es nocivo porque está en connivencia con grupos ilegales.

Entrevista: Luciana Bertoia.