La senadora Piedad Córdoba llegó a Buenos Aires para denunciar a la Procuraduría General colombiana por haberla destituido por supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La mediadora colombiana con la guerrilla dijo que fue acusada porque hay sectores que no quieren que Bogotá transite hacia la paz. “Yo vengo a ser como el trofeo para esas personas”, dijo ante una pregunta de Página/12.

La tarde de ayer fue agitada para Córdoba. Muchas reuniones en poco tiempo. Primero se reunió con el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y más tarde se vio con un grupo de organizaciones políticas, de derechos humanos y movimientos sociales. “Vine para denunciar internacionalmente la situación tan delicada que vive el país en relación con la independencia del Poder Legislativo, del derecho de opinión y de la persecución política que se ha desatado contra defensores de los derechos humanos”, explicó en una conferencia de prensa que se realizó en la sede de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (Copppal).

Semanas atrás, la Procuradoría colombiana la destituyó de su puesto y la inhabilitó por 18 años para desempeñar cargos públicos. El fiscal Alejandro Ordóñez tomó esa determinación porque la parlamentaria se habría extralimitado en las atribuciones que el ex presidente Alvaro Uribe le habría dado para conseguir la liberación de los rehenes de las FARC. Ordóñez también presume que la legisladora del Partido Liberal sería una supuesta “Teodora” que intercambiaba frecuentes correos electrónicos con uno de los jefes del grupo guerrillero.

Aunque según Córdoba, ésa no sería la razón. La senadora dijo que es una revancha de los sectores vinculados con la “parapolítica” –políticos acusados de tener nexos con los paramilitares– que reclamaban también un juicio a los dirigentes vinculados con las FARC. “Es muy complicado para esos elementos de la extrema derecha y responsables de masacres y desapariciones que haya ochenta de ellos en la cárcel y que no haya ninguno de nosotros. Yo vengo a ser como el trofeo”, declaró a este diario la política de 55 años, que también fue víctima de los paramilitares.

“Yo creo que la acusación se fundamenta en la existencia de grupos opuestos a que se dé un proceso de humanización y de la negociación. Entre ellos están los que tienen fuertes intereses económicos, los que financian el paramilitarismo, los que tienen una inmensa capacidad de influir en decisiones judiciales y de generar opinión adversa a quienes estamos en contra de la guerra”, acusó. “Ellos le hacen creer a la sociedad que el problema de Colombia no es cómo se reparte la riqueza, sino Hugo Chávez”, dio un ejemplo de lo que ella llama el complot mediático. “Hoy las guerras no se hacen a punta de bala, sino de micrófonos”, añadió.

Piedad Córdoba explicó que no apelaría a la decisión del procurador Ordóñez porque no existe una segunda instancia. Pero sí informó que sus abogados presentaron un recurso de reposición ante el mismo funcionario. “Por declaraciones que dio después de inhabilitarme y destituirme, tomé la decisión de recusarlo. Hay una parcialidad y no tiene competencia en mi caso porque ésta recae en el Consejo de Estado. No es competente bajo ninguna circunstancia y menos para trasladar a la Corte Suprema la investigación por delitos de lesa humanidad en mi contra”, remarcó la parlamentaria feminista. “Hace cerca de dos meses, el presidente de la Corte dijo que no podían detenerme ni vincularme porque no había pruebas”, agregó.

La persecución a los opositores fue otro de los temas que la senadora se apuntó en su agenda. Durante la última semana, una ex subdirectora del servicio secreto colombiano, el DAS, vinculó directamente al ex mandatario Uribe con el escándalo de las “chuzadas” (escuchas ilegales) contra políticos colombianos. Una de las que habían padecido a los espías de Uribe fue Córdoba. “Martha Leal era una de las personas de confianza del gobierno. Ella y dos personas más dijeron que hicieron eso porque el presidente lo ordenó. Y estas personas no son precisamente ni de la izquierda ni de los organismos de derechos humanos”, afirmó. “Leal denuncia que esa tarea de espionaje era costeada por el gobierno de los Estados Unidos y que en todas las reuniones había un funcionario de la embajada norteamericana que exigía resultados”, relató la senadora. Córdoba también apuntó hacia Washington por el Plan Colombia y por las bases militares estadounidenses, que la Corte Constitucional del país sudamericano declaró hace meses ilegales. “Desde ahí lo único que se hace es espionaje”, resaltó.

La parlamentaria volvió a abogar por una salida humanitaria del conflicto entre la guerrilla y el gobierno colombiano. “Creo que hay un interés muy fuerte en utilizar el conflicto para descaracterizar la lucha popular y, mucho más allá, para desestabilizar la región”, denunció. “Todos los que estamos en contra de la guerra en Colombia hemos pasado a ser terroristas por obra y gracia de algunos personajes”, sostuvo. Frente a esa situación, aprovechó para bromear: “Osama Bin Laden recibe clases de parte mía. Hoy soy la terrorista más peligrosa de América latina”.

Aun así, Córdoba reconoció algunos matices diferentes entre el gobierno de Uribe y el de su delfín, Juan Manuel Santos. “El gobierno anterior no quería otra cosa que arrasar con todos los que no pensaran como ellos”, dijo a Página/12. “El solo hecho de que haya una discusión sobre la Ley de Víctimas del conflicto armado es un avance, es parte del reconocimiento del Estado como victimario”, añadió.

Informe: Luciana Bertoia.