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La República Islámica de Irán reiteró en su presentación ante las Naciones Unidas que no hay ninguna prueba que involucre a sus funcionarios en el atentado contra la AMIA y que las acusaciones, originalmente formuladas por el ex juez Juan José Galeano y en los últimos tiempos por el fiscal Alberto Nisman y el juez Rodolfo Canicoba Corral, son esencialmente políticas porque provienen de disidentes-arrepentidos del régimen de Teherán e informes de la CIA, el Mossad y la SIDE. Lo cierto es que es la Justicia argentina –y no el Gobierno– la que imputa a Irán y en los 16 años transcurridos desde el atentado la administración islámica nunca se presentó ante un juez argentino ni expuso, en forma seria, sus argumentos.

En Teherán afirman que eso violaría su soberanía y que sólo podrían aceptar que los iraníes sean juzgados por un tribunal de su país. En ese terreno ya hubo un anticipo: el fiscal de Teherán rechazó en 2008 todos los pedidos de captura y sostuvo que no hay evidencia contra los funcionarios iraníes. En su favor, Teherán argumenta que sólo una vez las pruebas fueron evaluadas por un tribunal independiente. Ocurrió en Londres, cuando la Justicia británica detuvo, por pedido argentino, al ex embajador de Irán en Buenos Aires en tiempos del atentado, Hadi Soleimanpour. El entonces juez Juan José Galeano envió las pruebas a Londres y el tribunal de esa ciudad no sólo las consideró insuficientes, sino que libertó a Soleimanpour y le pagó una indemnización. Nisman y Canicoba Corral afirman que las pruebas acumuladas después tienen otra solidez y consistencia.

Desde el punto de vista del expediente, éstas son las acusaciones de la Justicia argentina y, en parte, las respuestas iraníes.

1 El atentado a la AMIA fue resuelto en una reunión en Mashad el 14 de agosto de 1993. Estuvieron allí desde el presidente de Irán hasta el ministro de Relaciones Exteriores, el de Inteligencia y otros funcionarios.

Los iraníes sostienen que esa reunión fue pública y que quienes argumentan que allí se resolvió el atentado son opositores al régimen, arrepentidos o disidentes. Entre ellos, el ex presidente en tiempos del sha Abolhassam Bani Sadr, Ali Reza Ahmadi, Reza Kouchaksaree, Hadi Rosahnravani y Abolghasem Mesbahi, que figura en la causa como “Testigo C”. Ninguno de ellos afirma haber estado presente en ese encuentro, básicamente porque casi todos son exiliados, pero dicen que se enteraron a través de sus fuentes en Irán.

2 Para el fiscal Nisman, el hombre clave del atentado fue un colombiano, convertido al Islam, Samuel Salman El Reda, vinculado con el ex agregado cultural en la Argentina Mohsen Rabbani.

Nisman afirma que el atentado se coordinó desde la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, a través de un celular a nombre de un tal André Márquez. Ese celular funcionó por primera vez el 1º de julio de 1994 y dejó de funcionar para siempre enseguida después del atentado, el 18 de julio de 1994. El fiscal afirma que en realidad Márquez era El Reda. Lo fundamenta en que, por ejemplo, después de una llamada al Líbano, a un teléfono de Hezbolá, ese celular se usó para comunicarse con un familiar de El Reda que vivía en Alemania. Y en otra oportunidad para hablar con su esposa, Silvana Saín, y también con sus padres. Nisman agrega que Silvana es hermana de Karina Saín, secretaria de Rabbani. Los iraníes afirman que nada de esto es cierto, que los teléfonos a los que se llamó no eran de Hezbolá, que Rabbani no tuvo nada que ver y que no existe ningún antecedente de que se haya usado a diplomáticos para participar de atentados. Nisman también afirma que hay una llamada detectada al celular de Rabbani muy cerquita de la AMIA el mismo día del atentado. Desde Teherán contestan que no tiene lógica que una persona con el aspecto de Rabbani, con una barba muy tupida, se hiciera presente en la zona, ya que habría sido notado por cualquiera. Por de pronto, El Reda vive hoy en Líbano y Rabbani, en Irán.

3 Para la Justicia argentina, el suicida está identificado: se trata del militante de Hezbolá Ibrahim Berro.

El fiscal se basó en un informe del FBI, uno de la SIDE y el testimonio de dos hermanos de Berro que viven en Estados Unidos. El tema es muy controvertido. Berro integraba una familia de ocho hermanos en la que uno de ellos, Assad, se inmoló en un ataque contra los israelíes en 1989, mientras que otro falleció en un enfrentamiento entre Hezbolá y las tropas de Israel. Un tercer hermano trabajaba en un hospital de Hezbolá. En septiembre de 1994, la organización libanesa informó de la muerte de Ibrahim y en el entierro se hizo presente uno de los máximos referentes de Hezbolá, Hassan Nasralá. La organización dijo que Ibrahim murió en un ataque aéreo y el dato al que Nisman le da máxima importancia es que el entierro se hizo sin el cuerpo presente. Una evaluación que hizo en su momento Alejandro Rúa, por entonces en la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, indicó que los hermanos Hassan y Abbas, que vivían en Estados Unidos, no testificaron que el suicida fue Ibrahim. Por el contrario, lo negaron. Tampoco hay evidencias indudables de que haya entrado a la Argentina.

4 El encargado de planificar y supervisar el atentado fue el jefe militar de Hezbolá, Imad Mughnieh.

Se trata del único libanés que figuró en las órdenes de captura emitidas por la Justicia argentina. A Mughnieh se le adjudicó un papel protagónico en numerosos ataques en todo el mundo, incluyendo la bomba colocada en un avión de línea norteamericano de la compañía TWA. Murió en febrero de 2008 en un atentado en Damasco, Siria, donde le colocaron un explosivo en su camioneta Mitsubishi. Hezbolá lo reivindicó como un mártir asesinado por Israel e Irán lo considera un prócer. En su entierro se leyó un comunicado del presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad. Su vinculación con el atentado de Buenos Aires surge de testimonios de los disidentes-arrepentidos iraníes que declararon en el expediente, pero en su caso tampoco se pudo encontrar una prueba contundente de que haya estado en la Argentina.

Como se ve, no puede decirse que las evidencias contra Irán sean abrumadoras. Se trata de una investigación muy complicada porque se perdieron los primeros años en una pesquisa que, según la Justicia, fue desviada de forma intencional durante el gobierno de Carlos Menem. Es más, hasta hoy no se sabe dónde se armó la camioneta bomba, quién proveyó los explosivos, cuándo y dónde se montó el artefacto en el vehículo y cómo se instrumentaron los pasos finales del ataque.

Sin embargo, para el fiscal Nisman y para el juez Canicoba Corral hay una suma de indicios que constituyen una semiplena prueba contra los iraníes. Sobre esa base se libraron las órdenes de captura. El gobierno nacional, a través de la Presidenta, buscó un camino para que los elementos sean evaluados en un juicio en un tercer país, tal vez Marruecos o Turquía, y en cualquier caso mantuvo durante los últimos años su denuncia del terrorismo y de las negativas de Irán a colaborar con la investigación.