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La pulseada entre el líder cocalero Evo Morales y el presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, luego de una semana de violentos enfrentamientos en las rutas del país que dejaron 21 muertos, llegará hoy a su punto culminante: se cumplen las 48 horas que Morales le dio a Sánchez de Lozada para que resuelva los reclamos de cocaleros y jubilados. Si no lo hace, cosa que será así, “va a tener que dictar el estado de sitio”, porque los cocaleros planean una intensificación de los cortes de ruta. Mientras el corte principal, en el camino que une La Paz y Cochabamba, permanece totalmente militarizado y en un clima de enfrentamiento inminente, un soldado murió en una emboscada cerca de Cochabamba y un anciano fue herido de bala en el rostro en una manifestación en La Paz. Por la noche, el gobierno revocó el sistema de cálculo de pensiones que provocó el conflicto con los jubilados.
El presidente acusó a los cocaleros de liderar “una conspiración con financiamiento extranjero”. “Hay que reconocer que los cocaleros tienen mucho financiamiento de muchos de los países que representan, de los gobiernos que representan y probablemente lo manejan con más eficiencia con la que manejamos nosotros las generosas contribuciones que recibimos”, afirmó irónicamente Sánchez de Lozada durante un saludo protocolar del cuerpo diplomático en el Palacio Quemado de La Paz. La semana pasada, el gobierno expulsó del país a cuatro ciudadanos suecos, acusados de entregar 2000 dólares a Evo Morales en el marco de la colaboración de varias ONG con los cocaleros del Chapare. El Ministerio del Interior informó que los expulsados fueron Cristina Fredenstedt, Malena Wahlin, Yleva Westancer y Emma Johansson. “Si hay algo que caracteriza a nuestras bases es que jamás han vivido ni de partidos ni de ONG. Es verdad que tenemos relaciones internacionales muy buenas, no sólo por la defensa de la coca, de los derechos humanos, (sino) fundamentalmente porque somos parte de una gran movimiento internacional contra el neoliberalismo”, respondió Evo.
El líder cocalero no consiguió demasiado apoyo en su ultimátum a Sánchez de Lozada. A pesar de tener el apoyo de jubilados y mineros, Morales no logró que lo siguiera la poderosa Central Obrera Boliviana (COB) y varios sectores, como los empresarios, la Iglesia Católica, el defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), criticaron la propuesta de renuncia del presidente como solución de la crisis.
Pero Morales se mantiene en su postura. “El presidente carga desde agosto con 22 muertos, más que cualquier otro gobierno dictatorial, incapaz de resolver los problemas sociales y económicos del país”, afirmó.
“La lucha en Bolivia no sólo es por la coca. También por la recuperación de hidrocarburos, una lucha para que el gas no salga por Chile hacia Estados Unidos; que el gas sea de los bolivianos. Además, una oposición frontal contra el ALCA, que para nosotros es un acuerdo para legalizar la colonización de las Américas”, enfatizó.
El gobierno y los cocaleros están en negociaciones desde hace varios meses por el destino final de la erradicación de los cultivos de coca en el Chapare. Los cocaleros consideran que el gobierno pudo ceder en su momento, no lo hizo y ahora no lo hará, por lo que seguirán resistiendo en las rutas. El viernes, en la presentación de sus cartas credenciales, el embajador norteamericano, David Greenlee, reafirmó la decisión de su gobierno, principal cooperante de la lucha antidrogas boliviana, de promover la erradicación de “cosechas ilegales” en el Chapare.