EL MUNDO › ESPAñA ORDENó A LA AVIACIóN TOMAR LOS AEROPUERTOS ANTE UNA HUELGA “ENCUBIERTA”

Mano militar a los huelguistas

Al aprobarse una nueva ley laboral, el 90 por ciento de los controladores aéreos se declaró “enfermo” y se retiró. Rodríguez Zapatero decretó que la Fuerza Aérea tome los aeropuertos y amenazó a los huelguistas con la cárcel.

España militarizó ayer el control de sus 47 aeropuertos, ante una huelga “encubierta” de los controladores. El conflicto comenzó a las cinco de la tarde, cuando el 90 por ciento de los operadores se declaró enfermo –con mareos o descomposturas– y se retiró de las torres de control. De inmediato, dos de los aeropuertos principales del país, Madrid y Baleares, declararon a España en “rate 0” y ordenaron que no despegara ningún avión “por razones de seguridad”. El presidente español José Luis Rodríguez Zapatero firmó en persona el decreto que ordenaba al Ejército del Aire asumir el control aéreo del país. Para la noche, la situación se normalizaba.

El sindicato de controladores aéreos lleva ya un año de conflicto con el gobierno español, que se agudizó con la reciente marea de ajustes ordenados por el gobierno. El pico fue ayer, cuando entró en vigencia una nueva ley promulgada por las Cortes que recortaba los beneficios de esa profesión. Un punto crucial fue la cantidad de horas de trabajo: según el convenio anterior, son 1670 por año, incluyendo francos; según la nueva ley, son 1670 pero efectivas, trabajadas por tarjeta.

El conflicto de ayer, si bien fue breve, dejó varadas a más de 300.000 personas. El intenso tráfico se debe a que el lunes es feriado en España. El sindicato aceptó públicamente la nueva ley, aunque prometió disputarla legalmente, y su conducción afirma que lo que ocurrió después fue “espontáneo”. El día comenzó normalmente, con la previsión de que los vuelos del final de la tarde serían más frecuentes y solicitados por el feriado. Al cambiar el turno de trabajo, a las 17 horas, se percibió que los controladores comenzaban a declararse enfermos y se retiraban. En cosa de minutos, España se quedó sin aeropuertos activos, con miles de vuelos varados y centenares de miles de pasajeros en tierra.

El gobierno de inmediato ordenó a la aviación militar tomar las instalaciones y reabrir el tráfico, lo que se logró sólo de manera muy parcial. Los cuatro principales centros de control aéreo –Madrid, Sevilla, Barcelona y Canarias– fueron reabiertos de inmediato y varios controladores civiles volvieron a sus puestos, ahora bajo mando militar. Luego se reabrieron los nueve aeropuertos de uso civil y militar, y anoche se enviaba personal para reactivar los restantes 34 aeropuertos regionales o locales.

El problema fue que muy pocas aerolíneas españolas operan vuelos nocturnos, con lo que el daño ya estaba hecho, los aeropuertos estaban llenos de pasajeros varados y las compañías estaban preparando esquemas de emergencia para hoy. El vicepresidente del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, dio ayer una conferencia de prensa y avisó que los controladores que no se presenten a trabajar normalmente serán procesados. El gobierno ordenó que la Guardia Civil esté hoy en las salas de control e identifique a quienes falten a trabajar. Según las instrucciones, quien intente “entorpecer” el control aéreo puede ser arrestado. Rubalcaba dijo que los huelguistas pueden recibir penas de entre seis meses y seis años por atentar contra la seguridad pública.

La policía también allanó el hotel Auditorium en el aeropuerto de Barajas, Madrid, donde estaban reunidos varios huelguistas. Los guardias les comunicaron a los controladores que estaban ahora bajo régimen militar y que, según el decreto, tenían que volver al trabajo o enfrentar cargos. Varios pasajeros alojados en el mismo hotel por la suspensión de los vuelos agredieron a los gritos a los operadores.

La dureza del gobierno español ante la situación se puede medir por un comunicado de la autoridad aérea nacional, que advirtió a los huelguistas que “pueden ser despedidos administrativamente” por “el grave delito de paralizar el tráfico aéreo en el país” y la medida puede ser “un delito según el artículo 406 del Código Penal”. Ese artículo indica que funcionarios públicos que “tomen parte en el abandono colectivo de un servicio esencial” enfrentan penas de hasta un año de prisión y quienes “lo fomenten, dirijan u organicen” enfrentan hasta dos años de cárcel.

El gobierno español espera que hoy la situación comience a normalizarse, pero el número de pasajeros varados aumenta. Es que para este sábado hay vendidos casi un millón de pasajes locales o en conexión, con decenas de vuelos programados de aerolíneas budget como Ryanair, que traen turistas. Con más de 300.000 personas esperando sus vuelos desde ayer, simplemente no habrá aviones o pilotos suficientes para normalizar por completo la situación.

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Más de 300.000 personas se quedaron sin vuelos en un fin de semana largo.
Imagen: EFE
 
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