Cuatro establecimientos públicos están previstos para los tratamientos gratuitos de fertilización asistida en la provincia de Buenos Aires –garantizados por la ley que aprobó el jueves la Legislatura–: el hospital San Martín de La Plata –que será cabecera del sistema–, el Güemes de Haedo, el Oscar Alende de Mar del Plata y el Penna de Bahía Blanca. Pero estos centros sólo efectúan tratamientos de baja complejidad, de modo que, por lo menos inicialmente, la fertilización in vitro se contratará con establecimientos privados. A este respecto subsisten interrogantes. El primero es cuántos tratamientos podrá financiar la provincia: según el Ministerio de Salud bonaerense, el presupuesto será definido en los próximos días por la Legislatura. Otras cuestiones –para parejas de qué edades y hasta cuántos intentos por pareja financiará el Estado provincial– se definirán en la reglamentación, a cargo de un comité de ética que convocará el Ministerio. El acceso a los tratamientos requiere una residencia mínima de tres años en territorio bonaerense. Las obras sociales y prepagas de alcance nacional que actúan en la provincia no quedan obligadas por la ley. Sí lo están las obras sociales provinciales, empezando por el IOMA.

Alejandro Collia, ministro de Salud bonaerense, consideró que la Ley de Fertilización Asistida es “un avance importantísimo”. La norma dispone que el Estado provincial se haga cargo, en forma gratuita, de los tratamientos para parejas con infertilidad. Se define como infértil una pareja que no haya podido concebir luego de un año o más de mantener relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos. La ley no exige que la pareja esté legalmente casada y la reglamentación establecerá, para el caso de parejas no unidas en matrimonio, el tiempo mínimo de convivencia necesario.

Según explicó Claudio Ortiz –director Provincial de Hospitales del Ministerio de Salud bonaerense–, “la estrategia que estableció la provincia es crear un centro de entrenamiento en fertilización asistida, que funcionará en el Hospital San Martín de La Plata: será el primero con financiamiento público y se procurará equiparlo totalmente para la alta complejidad; en la medida en que allí se vayan capacitando profesionales, éstos llevarán la alta complejidad a los otros tres centros”, es decir, el Güemes de Haedo, el Alende de Mar del Plata y el Penna de Bahía Blanca.

En estos hospitales, “ya hay equipos que están conformados por ginecólogos, urólogos para el enfoque de la infertilidad masculina y especialistas de otras áreas como salud mental y diagnóstico por imágenes. Los cuatro centros están en condiciones de hacer tratamientos de baja complejidad, como la estimulación de la ovulación mediante fármacos o la inseminación intrauterina, en la que el esperma, previamente mejorado, se introduce en el útero de la mujer”, detalló Ortiz. Por lo demás, “las parejas que deseen hacer consultas de orientación y diagnóstico podrán efectuarlas en cualquiera de los hospitales generales bonaerenses con servicio de ginecología, que son unos 50”.

En cuanto a los tratamientos de alta complejidad, “hasta tanto la provincia cuente con efectores propios preparados para abordarla, seguramente se cubrirá por convenios con el sector privado”, afirmó Ortiz.

–¿Qué presupuesto está previsto para la aplicación de esta ley? –preguntó Página/12.

–Será definido por la Legislatura en los próximos días –contestó Ortiz–. Cada tratamiento, en el sector privado, cuesta entre 15 y 20 mil pesos. Estimamos que mediante convenios masivos obtendremos mejores precios. Los diagnósticos y tratamientos de baja complejidad se cubrirán mediante el presupuesto actual de los hospitales. El presupuesto que apruebe la Legislatura servirá para equipar el centro de entrenamiento y para cubrir la alta complejidad en el sector privado.

En cuanto a las obras sociales y prepagas, “las de alcance provincial deberán incorporar este servicio en sus propios presupuestos. Las de alcance nacional no quedan obligadas mientras no lo establezca así la Superintendencia de Servicios de Salud del Ministerio de Salud de la Nación”, precisó el funcionario.

La reglamentación de la ley queda a cargo del Ministerio de Salud bonaerense. Ortiz señaló que “se formará un comité consultivo de ética que definirá los parámetros específicos, incluyendo qué franjas etarias se admitirán para las parejas y qué cantidad de tratamientos por pareja se cubrirán”, dado que la fertilización asistida suele requerir múltiples intentos sin garantía de éxito. El requisito de los tres años de residencia en la provincia forma parte del texto de la ley.

–En su momento se planteó un debate sobre la pertinencia de esta ley, en términos de las prioridades de salud pública en la provincia de Buenos Aires –recordó Página/12 (que abordó la cuestión el 9 de julio pasado).

–La ley permite el acceso igualitario a tratamientos que antes estaban restringidos a quienes tuvieran la posibilidad de pagarlos. Por supuesto, el Estado provincial se compromete a un esfuerzo, pero no va a competir con los recursos para otros problemas de salud, que ya están siendo atendidos –contestó Ortiz.