El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime fue procesado por el juez Norberto Oyarbide, quien comprobó que la empresa TEBA, que administra la terminal de ómnibus de Retiro, le pagaba a modo de “dádiva” el alquiler de dos departamentos en Retiro donde vivió sucesivamente mientras fue funcionario, a partir de 2003. TEBA estaba bajo la órbita de control del ex funcionario, quien le extendió la concesión hasta 2015. También fueron procesados el presidente de la firma, Néstor Otero, y dos directivos, Gabriel Ackerman y Darío Preiti. La mujer de Jaime, Silvia Reyss, fue beneficiada con un sobreseimiento.

Jaime ya fue procesado por el mismo delito –que prevé hasta dos años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos para el que recibe la dádiva– en otra causa a cargo del juez Claudio Bonadío. En ese caso fue por los viajes de placer en aviones privados a Uruguay, Brasil y el interior del país, costeados por empresas de transporte a las que también debía fiscalizar. La Sala I de la Cámara Federal confirmó la acusación, lo que lo dejó más cerca de un juicio oral. La investigación sobre el pago del alquiler de las viviendas del ex funcionario en Buenos Aires es un desprendimiento del expediente en el que se investiga si Jaime se enriqueció en forma ilícita y en el que arrastra un embargo de 40 millones de pesos. Por los alquileres, el embargo trabado es de 200 mil pesos.

Los departamentos habitados por Jaime y Reyss pertenecen a la empresa Frans Bell, de los hermanos Leonardo y Fernando Redondo, este último ex futbolista. A partir de la documentación aportada por ellos y otra tanta obtenida en allanamientos se estableció que quienes aparecían como fiadores del pago del alquiler son directivos de TEBA y de Cleanter SA, la empresa de limpieza de la terminal de Retiro. El inmueble de Cerrito 1518 piso 8° A estuvo rentado para Jaime y señora entre 2003 y 2007, con un alquiler inicial de 1200 pesos; el de Libertador 654, piso 12, fue alquilado de ahí en adelante, por 1400 dólares mensuales y expensas por cerca de 1800 pesos. Quienes aparecen como fiadores son Ackerman y Preiti, ambos directivos de TEBA, y el juez imputó al presidente de TEBA, Otero, como responsable de los pagos también.

Durante la investigación declaró un empleado de Frans Bell que se ocupaba de cobrar los alquileres, quien dijo que a veces recibía el pago directamente en el departamento, aunque era frecuente que tuviera que retirarlo (en efectivo o cheque) en la tesorería de TEBA. Entre sus intentos de justificaciones, Jaime dijo que el departamento de Cerrito había sido originalmente alquilado por Reyss, mientras que él estaba aún casado con su mujer anterior, Gloria Vilchez. El juez corroboró que si bien era cierto que el juicio de divorcio terminó en 2007, ambos habían declarado que ya no convivían desde el año 2000. A la propiedad de Cerrito, de hecho, no tardaron en empezar a llegar facturas de servicios a nombre del propio Jaime. Reyss fue sobreseída por Oyarbide, quien la consideró una suerte de intermediaria, pero explicó que la figura de “dádivas” no prevé castigo para quien cumpla ese rol.

El juez y el fiscal suponen que el insólito pago de los alquileres por parte de TEBA mientras Jaime comandaba la Secretaría de Transporte, podría responder a alguna devolución de favores, aunque el texto de Oyarbide dice que eso será fruto de otra investigación. Por lo pronto, la concesionaria, cuya gestión expiraba en 2006, logró que Jaime prolongara su contrato por nueve años más. El magistrado se declaró incompetente para seguir con la causa y se la envió a su colega Bonadío. El pago de los alquileres, así, quedó afuera de la investigación por enriquecimiento ilícito.