Familiares de detenidos-de-saparecidos bolivianos pidieron ayer al gobierno de Evo Morales que abriera los archivos de la represión. Los defensores de los derechos humanos creen que una medida así servirá para conocer el destino de sus seres queridos. Días atrás, el presidente boliviano había negado que esos documentos existieran, lo que provocó el repudio de organizaciones humanitarias.

Los parientes de las víctimas de las dictaduras de Hugo Banzer (1971-1978) y de la de Luis García Meza (1980-1981) hicieron escuchar ayer su reclamo en forma de carta abierta. “Las Fuerzas Armadas mantienen una contabilidad y un archivo administrativo, órdenes de pago y órdenes de trabajo, allá están todas las claves. Allí están los documentos probatorios donde hilar las responsabilidades. Estos no pueden haber desaparecido porque de ellos depende la vida profesional de cada militar, su grado, su salario”, leyó la militante de derechos humanos Ximena Bedregal, vocera de la Coordinadora Interinstitucional contra la Impunidad, Afectados y Desaparecidos en Dictadura.

Los integrantes de ese espacio mostraron su disconformidad con los dichos del presidente Morales, que días atrás relativizó el accionar de los militares durante las dictaduras que sacudieron Bolivia desde 1964. Según el mandatario, quienes participaron de los golpes de Estado lo hicieron en calidad personal y obedeciendo a intereses mezquinos. Por ello, Morales dijo que ya no pueden existir archivos que describan el accionar conjunto de los uniformados durante los años de plomo y pidió a los familiares que dejen de insistir, porque seguir haciéndolo obedecería únicamente a “intereses políticos”. Concretamente, el presidente boliviano disparó la semana pasada: “Seamos serios: qué documento puede quedar. Los jueces y fiscales los buscaron. Yo, desde el primer momento, traté de buscar qué documentos tenemos. Y quienes hicieron mucho daño en la última dictadura militar, como García Meza y Luis Arce Gómez, oportunamente hicieron desaparecer toda la documentación”.

Las declaraciones de Morales encendieron la pólvora del lado de los organismos. “El presidente Morales nos ha dicho que seamos serios, ya no hay documentos”, respondieron las organizaciones de derechos humanos. Pero remarcaron que esto no tendría por qué ser así, ya que de acuerdo con el artículo 98 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, esa información tendría carácter secreto e inviolable, por lo tanto no podría haber sido desechada por integrantes de las fuerzas.

Según los militantes, entre esos archivos se encontrarían los detalles de la desaparición del militante socialista Marcelo Quiroga. Cuando se produjo el golpe de Estado encabezado por García Meza en julio de 1980, Quiroga se resistió a ser secuestrado de la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), pero no lo logró, y fue llevado a la sede del Estado Mayor. Actualmente, se siguen buscando los restos del dirigente de la izquierda boliviana en una hacienda que le pertenecía a Banzer, que está ubicada en el departamento de Santa Cruz. “Por eso, esta vez vamos a pedir a la Asamblea Legislativa que, en uso de sus atribuciones legales, pida la desclasificación de los archivos”, anticipó José Antonio Quiroga, familiar del líder socialista desaparecido.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) también se sumó a la demanda al Ejecutivo. “Hemos reclamado permanentemente conocer los archivos del Estado para establecer la verdad acerca de los desaparecidos, pero las fuerzas armadas se han negado sistemáticamente a proporcionarla”, dijo a Página/12 el abogado Roberto Quiroz, asesor jurídico de ese organismo. Quiroz contradijo las declaraciones de Morales acerca de la inexistencia de documentos que permitan entender el plan represivo de la dictadura. “Las Fuerzas Armadas tienen archivos y creo que el presidente debería contribuir, disponiendo que los archivos se abran de par en par”, completó.

Informe: Luciana Bertoia.