Viernes, 7 de enero de 2011
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MIRADOR
Plan para la pobreza
Brasil comenzará a diseñar las primeras medidas que formarán parte de un plan para erradicar la indigencia. La iniciativa se centrará en la inclusión productiva, la ampliación de la red de servicios y la profundización de los programas de transferencia del ingreso. La presidenta brasileña, Dilma Rousseff (foto), puso en marcha un comité gestor del plan, coordinado por el Ministerio de Desarrollo y en el que participan las carteras de Planeamiento, Hacienda y la Casa Civil. Su secretaria ejecutiva será Ana Fonseca, una de las organizadoras de la Bolsa de Familia. La ministra de Desarrollo Social, Tereza Campello, explicó que el plan será similar al Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), el megaproyecto de obras públicas lanzado por el ex presidente Luiz Lula da Silva en 2006 para sacar a la economía brasileña del lento crecimiento del Producto Interno Bruto. Campello fue la encargada de esbozar los objetivos a grandes rasgos: “No se atacará la pobreza apenas con políticas de transferencia de la renta. Nuestra agenda es de inclusión social y productiva, de ampliación de la red de servicios públicos, de saneamiento, oferta de agua, salud, educación y calificación profesional”, explicó.
La tortura no prescribe
La Asamblea Legislativa salvadoreña incorporó la tortura como delito de lesa humanidad, 19 años después de la firma de la paz en el sangriento conflicto interno de este país. “La aplicación de la tortura no era delito de lesa humanidad en El Salvador, pero una decisión reciente de la Asamblea Legislativa homologará la legislación nacional con los tratados internacionales de derechos humanos para penalizar esa práctica”, explicó ayer el vicepresidente del Parlamento, Sigfrido Reyes. La medida hace que el delito sea imprescriptible y no amnistiable, y se tomó en medio de intensos debates. Diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), como Mario Valiente, consideraron que con la nueva medida la delincuencia se podría aprovechar y evadir la Justicia, “al evadir los interrogatorios de la policía y de la fiscalía”. Activistas por los derechos humanos aplaudieron la decisión de los legisladores, pero reclamaron que también se incluya el delito de desaparición forzada.
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