Un grupo de represores uruguayos amenazó al gobierno con resistirse cuando la Justicia los cite para dar explicaciones sobre su rol en la última dictadura. Los ex militares enviaron una carta al comandante en jefe del ejército, Jorge Rosales, en la que denunciaron una campaña de “hostigamiento” en su contra. El presidente José Mujica respondió que el gobierno uruguayo acatará lo que dice la Constitución.

El martes próximo volverá la actividad a los juzgados y volverán a tramitarse algunas de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el último régimen militar (1973-1985). Entre esos expedientes se encuentra la denuncia por los crímenes cometidos en la base aérea de Boiso Lanza, que una docena de sobrevivientes presentaron a fines de diciembre pasado. La proximidad de los llamados a indagatoria, que podrían afectar hasta a 150 ex militares, desató la alarma en varios represores que decidieron denunciar que estaban padeciendo “una persecución política”.

“Para defender a estos hombres del pasado y que hoy son prisioneros, cuente incondicionalmente con nosotros”, ofrecieron al actual alto mando del ejército los ex uniformados aglutinados alrededor de un llamado Foro Libertad y Concordia. “No aceptamos que se siga persiguiendo a militares y policías por actos de servicio cometidos hace décadas”, subrayaron. Por último y con un claro tono de amenaza, los ex militares agregaron en la carta que esperaban que la dirigencia actual de las fuerzas armadas brinde asistencia a quienes están siendo requeridos por los magistrados. En caso contrario, llegarán a extremos a los que “no desearían llegar jamás”, concluyeron.

Mujica salió al cruce y respondió a los “viejos servidores”, como los represores se definen en el escrito, que el gobierno no es quien los envía a los tribunales ni quien ordena a los jueces que los llamen a declarar. “En el Uruguay, hay un orden y una Justicia que nos rige a todos y el gobierno se tiene que mover en esos marcos. El gobierno no manda a los juzgados, ni manda a los jueces. Sería bueno recordarlo. El presidente se va a mover en el marco de lo que plantea la Constitución”, remató el gobernante del Frente Amplio desde Caracas, donde se encuentra en visita oficial, después de haber pasado por Perú.

Organismos de derechos humanos repudiaron los dichos de los ex uniformados. “Parece que esos torturadores no se enteraron que están en democracia. Creen que siguen en la dictadura, que era cuando hacían lo que querían”, dijo a Página/12 Baldemar Tarocco, presidente de la asociación Crysol, que nuclea a los ex presos políticos del Uruguay. Según Tarocco, la respuesta de Mujica fue correcta pero el gobierno aún conserva una deuda grande con las víctimas de la dictadura: la anulación de la Ley de Caducidad, que impide que sean juzgados los represores. Actualmente, un proyecto de ley para dejar sin efecto a la norma sancionada en 1986 está trabado en el Senado, donde tres senadores frenteamplistas se niegan a votar a favor de la iniciativa. “Sería necesario que se anule la ley para que no haya dudas de que la Justicia actúa independientemente”, reclamó el titular de Crysol.

Mientras tanto, se espera que febrero también traiga novedades en la búsqueda de los restos de los desaparecidos. En los próximos días, se reiniciarán las excavaciones en el Batallón 14 de Toledo, a unos 25 kilómetros de Montevideo.

Informe: Luciana Bertoia.