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A más ataques de las guerrillas, mayor el papel de Estados Unidos en Colombia. Este parece ser el futuro de la política norteamericana hacia ese país, de acuerdo con el incremento de presupuesto que George Bush pretende destinar a una mayor inserción en la zona y al entrenamiento de más fuerzas de seguridad colombianas. Pero para discutir el cese de fuego, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reclaman en un documento dado a conocer ayer la salida de los asesores militares estadounidenses, la depuración del ejército, el combate a los paramilitares y el fin del Plan Colombia, entre otras demandas que volverán claramente imposible el cese del fuego. Mientras tanto, la policía de Medellín evitó el estallido de un vehículo cargado con 307 kilos de explosivos que presuntos guerrilleros pretendían detonar en un sector obrero de esa ciudad. Además, cuatro niños y un adulto murieron al activar un campo minado en una carretera del departamento de Casanare.
“Propuesta de las FARC para la disminución de la intensidad del conflicto” se titula el informe con que la guerrilla más importante de Colombia presenta al ejecutivo un día después de que el gobierno de Andrés Pastrana propusiera a esa guerrilla una tregua de seis meses. En el documento, las FARC sostienen que “el Estado ha desatado una guerra no declarada contra el pueblo colombiano en la que gasta más de una tercera parte del presupuesto nacional”, y señalan que la presencia de “asesores militares extranjeros” constituye “una indignante violación de la soberanía nacional”. Las FARC sostienen que el acuerdo debe contemplar el fin del Plan Colombia, al que Washington aporta 1300 millones de dólares en ayuda económica y militar. También demandan el fin de la “aplicación sistemática y permanente de la foránea Doctrina de Seguridad Nacional, importada de las escuelas militares de los Estados Unidos” a la que califican como “el principal obstáculo para avanzar en la solución del conflicto social colombiano”. El documento también reclama el fin de las políticas neoliberales y la cancelación de las licencias a los medios de prensa que realizan una “apología” de estos fenómenos.
También ayer concluyó la misión de altos funcionarios norteamericanos que, encabezados por el subsecretario norteamericano de Estado para Asuntos Políticos, Marc Grossman, debía evaluar la marcha del Plan Colombia. Un día antes, Grossman no dudó en señalar que no hay diferencias entre las FARC y el narcotráfico, por lo que el gobierno colombiano puede utilizar los fondos entregados por Washington para combatir el terrorismo.
Es que Estados Unidos está observando con mucha atención la dirección política que está tomando Colombia donde recientes encuestas auguran el triunfo del candidato derechista en las próximas elecciones presidenciales. En busca de más votos, los candidatos anunciaron que no concurrirán a las conversaciones con las FARC el próximo 14 de febrero en la zona despejada de Caguán. En este contexto, el candidato por la oposición y segundo en las encuestas, Horacio Serpa, aseguró que participará del encuentro: “Asistiré a la reunión del Caguán para decirles a los guerrilleros, mirándolos a los ojos, que los colombianos estamos muy descontentos por la escalada de violencia”, dijo Serpa.
En tanto, delegados del gobierno colombiano y de las FARC se reunieron ayer con diplomáticos de la ONU y de los países facilitadores del diálogo para definir la participación de la comunidad internacional en el proceso de paz. La perspectiva no es alentadora.