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El gran interrogante es si se va a concretar. El presidente Eduardo Duhalde y 23 de los 24 gobernadores –sólo estuvo ausente San Luis– firmaron ayer un Acuerdo Federal para la Reforma del Sistema Político que en verdad es un compromiso para avanzar en bajar gastos, reducir la cantidad de los legisladores, mejorar el sistema electoral y darle mayor transparencia al dinero que mueven los partidos. Todo el proceso requerirá de leyes nacionales y provinciales, reformas de las constituciones provinciales, resoluciones de los concejos deliberantes e incluso para aprobar un punto en particular –que haya elecciones únicamente cada cuatro años– se requerirá de una reforma constitucional. Por esa misma razón hay que ver hasta qué grado se concretan las iniciativas y cuánto esfuerzo pondrán los gobernadores, diputados y concejales para aprobar los proyectos. Eso sí, a diferencia de oportunidades anteriores en que estas reformas se empantanaban, nunca como hoy hubo tanta presión de los ciudadanos para que se transforme la política.
“Estoy satisfecho porque esta es una propuesta concreta, no anduvimos con teorías –le dijo a Página/12 el ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli–. Por ejemplo, proponemos una reducción de 64 diputados sin más vueltas, que no se pueda gastar más de tanto del presupuesto en las legislaturas y que se prohíbe hacer publicidad privada en radio y televisión. Son puntos concretos, que no tienen ambigüedades. Y lo más positivo es que se hace a través de un acuerdo federal.”
Nada de lo que firmó ayer se pone en marcha en forma automática. Todo requerirá de votaciones y trámites, por lo que va a depender de que la mayoría que hoy tiene la alianza entre el duhaldismo, el radicalismo y parte del Frepaso funcione aceitadamente en los distintos niveles.
En el texto, por ejemplo, se dice explícitamente que bajará en un 25 por ciento la cantidad de diputados. Esto habrá que hacerlo por ley y obviamente va a haber una proporción de legisladores que perderá cada provincia, en especial las más chicas que hoy tienen sobrerrepresentación. Tierra del Fuego tiene unos 60.000 habitantes y cinco diputados, uno cada 12.000 fueguinos. En el otro costado, está el distrito bonaerense que tiene siete millones de habitantes y 70 diputados, o sea uno cada 100.000 bonaerenses. La desproporción es evidente, pero habrá que ver si hay acuerdo para bajar la cantidad de diputados, cuántos pierde cada provincia y si se logra votar la ley.
En el caso de los concejales que ya no van a cobrar, seguramente se necesitarán leyes provinciales y también deberá verse si no se requerirá de la aprobación de ordenanzas en los concejos deliberantes. El tema, además, es controvertido: están los que sostienen que en una ciudad chica, con menos de diez mil habitantes, no se necesita que un concejal esté todo el día ocupándose de los temas municipales y por lo tanto puede vivir de otro trabajo, pero también están los que sostienen que si a los concejales de esas ciudades no les pagan, ningún pobre podrá aspirar a una banca en esos concejos.
El punto que aparece como de máxima es la unificación de mandatos y las elecciones sólo cada cuatro años. La propuesta en sí misma es polémica: significa que ya no se elegirá, por ejemplo la mitad de la Cámara de Diputados en el 2003 y la otra mitad en el 2005. Implica que se votará cada cuatro años. Por un lado es cierto que constituye un ahorro y supuestamente menos tensiones y desgaste político, pero la realidad es que la gente tendrá menos oportunidad de evaluar a los dirigentes ya que sólo podrá votar cada cuatro años. Es menos gasto, pero también menos democracia, menos chance de expresar la protesta a través del sufragio. Para aprobar esta iniciativa se necesitará una reforma constitucional, algo que no será fácil de lograr. Si se quiere hacer el año que viene,habrá que convocar a una elección de constituyentes y después hacer la Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna. Esto implica votar dos veces en el 2003: una para la reforma y la otra para elegir Presidente.
Los cambios en el sistema electoral también son un desafío de importancia: si se le abren las puertas a muchos independientes, las cúpulas partidarias perderán poder. Permitir tachar nombres de una lista perjudica notoriamente a los candidatos más conocidos y menos queridos, que además suelen ser los líderes de los partidos. Se habla de darle más posibilidades a los partidos chicos, pero deberá verse si las fuerzas grandes –que son las que tienen que votar todo esto– se resignan a ceder parte de su espacio y sus bancas.
En general, el acuerdo firmado ayer tiene muchos puntos reclamados por el ciudadano común: que haya menos legisladores, menos asesores, menores gastos, que exista más claridad en lo que gastan los partidos y campañas más cortas y baratas. Desde ese punto de vista, lo que elaboraron los ministerios del Interior y Justicia es un proyecto que sintoniza con las demandas de los cacerolazos. Pero es más dudoso de que sintonice con los propios legisladores y concejales que lo tienen que votar, que obviamente no dirán que no, sino que buscarán formas de demorar, trabar, empantanar. En esa instancia habrá que ver cuánta presión pondrá el gobierno nacional, cuánta los gobernadores y, sobre todo, cuánta presión meterá la gente.