La presión internacional sigue cercando al líder libio Muammar Khadafi. La Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación contra él, algunos de sus hijos y un par de jerarcas de su régimen. El fiscal de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, estimó que desde el 15 de febrero se han perpetrado crímenes contra la humanidad en el territorio libio.

Desde La Haya, Moreno Ocampo trató de moverse rápido para evitar las críticas que, en más de una oportunidad, se escucharon sobre el accionar de la Corte Penal Internacional. Según dijo el abogado argentino, está trabajando en el caso desde el domingo, horas después de que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobara unánimemente un paquete de sanciones contra Trípoli, que incluía un pasaje directo hasta la Corte de La Haya. Moreno Ocampo tuvo que esperar hasta que le diera vía libre ese órgano de la ONU porque, como Libia no es firmante del Estatuto de Roma, la CPI no tenía jurisdicción para intervenir.

De acuerdo con lo que dijo el ex integrante de la fiscalía en el Juicio a las Juntas, hace poco menos de una semana que empezó a recopilar información sobre los supuestos delitos cometidos en el país norafricano desde el 15 de febrero pasado. “Manifestantes pacíficos fueron atacados por las fuerzas de seguridad”, comprobó el jurista. Y remarcó que la tarea que le compete no terminó allí. “En las próximas semanas, la oficina investigará quiénes tuvieron la mayor responsabilidad en los más serios crímenes ocurridos”, adelantó. El foco está puesto en los ataques contra población civil en las ciudades de Trípoli, Benghazi, Misrata, Derna y Ajdabiyah. Pero, en realidad, ahora resta esperar qué hacen los jueces de la Corte y si deciden emitir una orden de arresto.

Khadafi encabeza la lista de sospechosos de haber atentado contra los civiles. También, algunos de sus hijos, dijo Moreno Ocampo, pero no especificó. Tres altos cargos del régimen que se perpetuó durante 42 años están en la mira de la Corte: el ministro de Asuntos Exteriores, Musa Kusa; el jefe de seguridad personal del dictador, Abdulqader Yusef Dibri, y el responsable de la seguridad externa, Abu Zayd Dorda. “Esa gente debe prestar atención a los delitos cometidos por sus subordinados”, remarcó Moreno Ocampo. “Si no los impiden, podrían ser responsables ante la ley”, concluyó.

El fiscal general de la CPI dijo que se estudiarán las acciones emprendidas por la oposición que le disputa el control del país a Khadafi. “Tenemos información de que algunos grupos de la oposición tienen armas”, informó. “Si ellos cometen crímenes, también serán procesados”, advirtió.

“La diferencia entre Darfur (Sudán) y Libia es que ha quedado claro que nadie en el mundo puede lanzarse contra su propia población”, destacó Moreno Ocampo. Esta es la segunda vez que la fiscalía abre una investigación a instancias del Consejo de Seguridad de la ONU, que en 2005 pidió al Tribunal que analizara los presuntos crímenes de guerra perpetrados en la región sudanesa de Darfur. Por ese caso, la fiscalía inculpó al presidente Omar Al Bashir y los jueces emitieron en 2009 una orden de captura internacional.

“Lo bueno y novedoso es que el mundo está reaccionando más rápido y está unido. Nadie tiene autoridad para atacar civiles”, terminó Moreno Ocampo, que está siendo asistido en su tarea por el suspendido juez español Baltasar Garzón. Según el diario El País, la CPI no planea acusar a Khadafi por genocidio.